Una sentencia judicial dictada el jueves (10) impidió temporalmente al gobierno de Donald Trump revocar los permisos de residencia temporal a más de medio millón de inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida representa un revés significativo, aunque temporal, para los intentos del actual gobierno de endurecer su política migratoria, según un informe de Associated Press.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Indira Talwani, dictaminó que el plan de cancelar las visas humanitarias otorgadas durante la administración Biden carece de justificación legal adecuada. Al criticar la acción del Departamento de Seguridad Nacional, Talwani argumentó que los beneficiarios del programa enfrentarían una dura elección: abandonar el país rápidamente o permanecer indocumentados y arriesgarse a ser deportados.

Según Associated Press, el fallo judicial interrumpe la cuenta regresiva para la cancelación de las autorizaciones, prevista para el 24 de abril, y permite a los afectados permanecer legalmente en EE.UU. mientras continúa el proceso legal.

Lanzado como parte de una estrategia de la administración Biden para agilizar y humanizar la inmigración, el programa otorgó libertad condicional temporal de dos años a ciudadanos de países marcados por la inestabilidad política y crisis humanitarias. Los participantes llegaron con apoyo financiero de patrocinadores y fueron autorizados a trabajar legalmente. Sin embargo, la administración Trump revocó abruptamente esas protecciones el mes pasado, diciendo que el programa podría terminarse en cualquier momento.

Durante la audiencia, Talwani cuestionó duramente los argumentos del gobierno y calificó la justificación para poner fin a la política como basada en una "mala interpretación de la ley". También expresó su preocupación de que la cancelación de un acuerdo previamente establecido crearía incertidumbre jurídica para las personas que habían seguido todos los procedimientos legales para ingresar y vivir en Estados Unidos.

La decisión tuvo repercusiones fuera de los tribunales. Grupos de derechos de los inmigrantes denunciaron la acción del gobierno como un intento de criminalizar incluso a aquellos que viven legalmente en el país.

Mientras tanto, el futuro de estos inmigrantes sigue siendo incierto. La decisión de la jueza Talwani detiene temporalmente la deportación, pero el destino de estos cientos de miles de personas aún se decidirá en los tribunales.