El presidente Donald Trump ha vuelto a generar controversia al afirmar públicamente que los inmigrantes indocumentados no deberían tener derecho a juicios antes de la deportación. Según un artículo de The New York Times, en declaraciones realizadas en la Oficina Oval ante periodistas, Trump se quejó de las limitaciones impuestas por el poder judicial a su poder para expulsar extranjeros, alegando que países como el Congo y Venezuela habían vaciado sus cárceles enviando criminales a Estados Unidos, una afirmación sin ninguna base probada. Argumentó que el proceso legal tomaría demasiado tiempo para manejar el volumen de personas que su administración quiere expulsar, incluyendo, dijo, asesinos, traficantes de drogas y personas con problemas de salud mental.

Las palabras del expresidente generaron fuerte repercusión. Legisladores como el representante demócrata Jonathan L. Jackson reaccionaron con dureza, calificando el discurso como propio de regímenes autoritarios y recordando que el debido proceso es una garantía fundamental de la Constitución estadounidense. El enfrentamiento se produce en medio de recientes decisiones de la Corte Suprema que bloquearon temporalmente las deportaciones sumarias de venezolanos acusados ​​de vínculos con pandillas bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, que rara vez se ha utilizado desde su creación en 1798.

Además, la administración Trump ha enfrentado críticas por ignorar decisiones judiciales, como el caso de un hombre salvadoreño que fue deportado injustamente y cuyo regreso fue ordenado por el tribunal pero aún no implementado por la Casa Blanca. Las tensiones entre los poderes del Estado y las críticas a la retórica presidencial muestran que el debate sobre la inmigración en Estados Unidos sigue estando marcado por intensos enfrentamientos jurídicos y políticos.