Varios grupos cristianos y judíos presentaron una demanda contra una medida de la administración Trump que ampliaba la libertad de los agentes de inmigración para realizar arrestos en lugares de culto. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, sostiene que la política está generando miedo entre los inmigrantes, reduciendo la asistencia a la iglesia y perjudicando los programas de asistencia. Los demandantes alegan que la medida atenta contra su libertad religiosa al obstaculizar su labor de acoger y apoyar a los migrantes, independientemente de su estatus legal, según Associated Press.

Entre los grupos que se sumaron al proceso se encuentran la Iglesia Episcopal, la Unión para el Judaísmo Reformista, los menonitas y los unitarios universalistas, además de varias denominaciones cristianas y judías que representan a millones de creyentes. La demanda amplía argumentos ya presentados en otra demanda presentada por congregaciones cuáqueras y otras entidades religiosas, actualmente pendiente en los tribunales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citado como acusado, defendió la política afirmando que su objetivo es evitar que criminales utilicen las iglesias como refugio, garantizando una mayor libertad de acción para las fuerzas de inmigración. En un memorando reciente, el Departamento de Justicia argumentó que la orden judicial contra la medida se basa en temores hipotéticos y destacó que la aplicación de la ley de inmigración en lugares de culto ya estaba permitida antes de la nueva orientación.

Según la publicación, los grupos religiosos que presentaron la demanda destacan que sus tradiciones les obligan a acoger a los inmigrantes, independientemente de su documentación, y que la política de Trump representa una amenaza directa a sus actividades de asistencia. Los líderes religiosos informaron que el cambio ya está afectando a sus congregaciones, y los inmigrantes temen asistir a los servicios y acceder a los servicios sociales ofrecidos por las iglesias.

La represión migratoria de la administración Trump ha sido blanco de críticas no solo de líderes religiosos en Estados Unidos, sino también del Papa Francisco, quien ha advertido sobre las consecuencias de las deportaciones masivas. Sin embargo, algunos expertos legales y defensores conservadores sostienen que los lugares de culto no deberían servir como refugio para quienes infringen la ley, defendiendo la nueva política como una medida legítima de control de la inmigración.

La disputa legal plantea un debate más amplio sobre la relación entre la libertad religiosa y la aplicación de la ley de inmigración, con implicaciones tanto para los derechos de los inmigrantes como para el papel de las instituciones religiosas en la sociedad estadounidense.