El lunes 12 de mayo, un grupo de 49 refugiados provenientes de Sudáfrica fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Dulles por una delegación del gobierno de Estados Unidos, situación que, además de marcar la primera apertura de la administración Trump a la inmigración, causó polémica. Esto se debe a que estos refugiados pertenecen a la minoría blanca del país, los llamados afrikaners, quienes, según declaraciones oficiales del gobierno sudafricano, el grupo y la población afrikaner del país en general, no están siendo perseguidos ni sufriendo represalias debido a su raza o etnia, que es la justificación de la Casa Blanca para recibirlos. En este proceso se garantizó que el proceso migratorio, la alimentación y la vivienda se agilizarían mientras este grupo estuviera en el país. Como se mencionó anteriormente, luego de unos meses de fuerte suspensión de los programas para inmigrantes y refugiados, esta iniciativa de abrir la inmigración a un grupo minoritario generó cuestionamientos internos en EEUU, especialmente sobre por qué se privilegia a este grupo en detrimento de, oficialmente, no experimentar represalias en Sudáfrica ni enfrentar situaciones adversas, como desastres naturales.

La controversia que involucra a los afrikaners es un punto de inestabilidad en la turbulenta relación que existe entre Sudáfrica y Estados Unidos desde que Trump asumió el cargo. El proceso se inició con la firma de una ley por parte del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, que determinaría, en ciertos casos, la apropiación de bienes por parte del Estadosin compensación. Para entender esta legislación es necesario remontarse al pasado del país, que entre 1948 y 1994 estuvo marcado por el régimen del Apartheid, que instauró política y socialmente la segregación racial en el país. Este modelo fue defendido por la minoría blanca del país, los afrikaners, descendientes de los colonizadores holandeses y británicos, que monopolizaban el poder y concentraban el ingreso entre su pequeña población. En este período marcado por la fuerte represión a las manifestaciones, las disparidades entre los grupos del país y la violencia, entre 1946 y 1990, mientras el porcentaje de blancos en el país pasaba del 20% al 13%, y la población negra subía del 68,6% al 76%, es evidente cómo la mayor porción de la población del país vio su vida afectada por un pequeño grupo que ostentaba el poder.

Este escenario favoreció una concentración muy alta del ingreso en el país. En 2013, por ejemplo, el ingreso de una familia negra equivalía a una sexta parte del ingreso promedio de una familia blanca en el país, lo que indicaba la fuerte desigualdad que persistía después del apartheid, y las iniciativas del partido dominante, el Congreso Nacional Africano, fueron necesarias para revertir ese escenario. Por lo tanto, la medida del presidente Cyril tendría una justificación para reducir las desigualdades en el país, aunque sea controvertida debido a los problemas actuales que enfrenta la nación africana, como una grave crisis económica. Sin embargo, ninguno de estos puntos parece estar en el manual diplomático de la Casa Blanca, que sólo ha planteado el argumento de la persecución racial en el caso de los afrikaners.

Curiosamente, uno de los miembros no oficiales del gabinete de Trump es el multimillonario sudafricano Elon Musk, el probable eje de esta disputa entre ambos países. El magnate asumió el control del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y desde entonces ha estado haciendo fuertes declaraciones contra las acciones del gobierno sudafricano. Por ejemplo, Musk ha acusado al país de tener “leyes de propiedad racistas” y que Sudáfrica está cometiendo “genocidio” contra sus agricultores blancos. Como ya se ha señalado, ya sea a través de declaraciones oficiales del gobierno sudafricano o del pasado histórico del país, estas iniciativas no constituyen genocidio ni un ataque directo a la población blanca del país. Por lo tanto, la polémica en torno a la acogida de este grupo de afrikaners, inserta en el contexto de reducción de los flujos migratorios al país, es clara.

Además de su promesa de campaña de deportar a once millones de personas indocumentadas que residen enel país, la Casa Blanca y sus agencias están ocupadas por agentes enfocados en escudriñar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. En ese sentido, son evidentes varios ejemplos, como el envío de tropas del Ejército a la frontera con México, amenazar e intervenir en las políticas migratorias de las llamadas “Ciudades Santuario”, gran parte de ellas gobernadas por demócratas, revocando visas de estudiantes de algunas de las universidades más renombradas del país y deportándolos, deportando “erróneamente” a personas del país y, en algunos comentarios y órdenes ejecutivas que van en contra de la carta magna del país, insinuando una motivación para revertir la ley “jus solis” de los Estados Unidos.

En otras palabras, es evidente una bifurcación: por un lado, la administración Trump ha estado restringiendo la inmigración al país, aumentando las deportaciones y complicando el proceso de obtención de derechos, como la ciudadanía; Por otro lado, un pequeño grupo de individuos que, oficialmente, no sufren ninguna persecución gubernamental o política, son acogidos por el gobierno con una vía para obtener la nacionalidad más rápida que los inmigrantes que han residido en el país durante décadas. De esta manera, queda claro que grupos internos están cuestionando esta iniciativa de la Casa Blanca, que es polémica en todo sentido. Sin embargo, también es necesario mencionar algunos puntos, como la guerra comercial iniciada por Trump, que generó el infame “aumento de aranceles” hace unas semanas En resumen, el objetivo central de esta imposición de aranceles sería favorecer a Estados Unidos en las relaciones comerciales con los países que tienen superávit con el país, generando presión para nuevos acuerdos comerciales, como fue el caso del reciente acuerdo con el Reino Unido. Este tipo de iniciativas está marcada por la presión contra ciertos países, como Canadá, China y México, los primeros en recibir aranceles, o Ucrania, que recientemente firmó un acuerdo que facilitó la exploración estadounidense de minerales del país a cambio de ayuda militar en el conflicto contra Rusia.

En este sentido, Sudáfrica, que contiene una vasta y rica reserva de minerales, podría ser un objetivo de la Casa Blanca para un acuerdo similar, que facilitaría el acceso a los recursos del país. Para ello, las leyes implementadas por el gobierno serían el objetivo, asegurando un enorme efecto entre los sudafricanos hasta el punto de hacer que el presidente Cyril se reúna con Trump en los próximos días para tratar esta tensión entre los dos países.

Ya sea por razones comerciales o no, la acogida de refugiados afrikaners forma parte de un momento sin precedentes en la historia de Estados Unidos. En un contexto de fuerte persecución a los inmigrantes y reducción de sus libertades, un pequeño grupo es recibido por la Casa Blanca con un argumento visto como infundado de persecución racial, contando con un camino mucho más fácil hacia una posible nacionalidad estadounidense, mientras miles de individuos que estarían en la “cola” de ese trámite, enfrentan problemas. La pregunta es si situaciones como ésta se repetirán en los próximos meses, en este nuevo paradigma migratorio impuesto por la segunda administración Trump.