Un año después del controvertido acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, el nuevo documental " The Deal: Trump, Bukele & the Gangs of El Salvador", producido por Frontline y El Faro, detalla las motivaciones detrás de la alianza entre ambos países y sus repercusiones.

En el año 2025, Nayib Bukele, quien se autodenomina el "dictador más genial del mundo", y Donald Trump consolidaron una alianza basada en una resolución que permitía la externalización de parte del sistema penitenciario, mediante el traslado de inmigrantes indocumentados a la prisión de máxima seguridad del país latinoamericano, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Considerado uno de los centros de detención más grandes del mundo, el CECOT es ampliamente conocido por violar los derechos humanos de los internos y por ser un entorno degradante. El complejo, a pesar de su tamaño, alberga aproximadamente a 80 personas por celda, con la intención de provocar malestar y conflicto interno, y presenta numerosos informes de abuso físico ypsicológico. Además, la higiene personal se realiza en el mismo entorno donde pasan 23,5 horas al día, sin colchones, almohadas ni privacidad alguna, lo que constituye una clara violación de las Reglas Nelson Mandela dela ONU.

En abril del año pasado, aproximadamente 250 inmigrantes detenidos por el ICE, en su mayoría venezolanos, fueron deportados a Tecoluca bajo la acusación de pertenecer a pandillas y grupos criminales, como el Tren de Aragua. Sin embargo, la mayoría de los acusados ​​no tienen antecedentes penales ni prueba de conexión con los buscados, lo que deja claro que la operación fue una política más adoptada en el marco del plan de deportación masiva y la retórica de "tolerancia cero" del presidente de los Estados Unidos. Enviados a una prisión especializada en el encarcelamiento de terroristas, esta condición ahora se aplica a inmigrantes que ni siquiera habían cometido delitos y solo buscaban mejores condiciones de vida.

El gobierno de Bukele se hizo conocido por el encarcelamiento masivo de miembros de pandillas salvadoreñas que aterrorizaban el territorio mediante homicidios y tráfico de personas. Sin embargo, se descubrieron acuerdos entre el presidente y las propias organizaciones criminales, como la MS-13, en los que se otorgaban ciertos beneficios a cambio de una disminución de los homicidios y apoyo electoral en zonas habitadas porlas pandillas.

En este sentido, las verdaderas intenciones de Bukele con el pacto son evidentes. Mediante el apoyo de Estados Unidos, también tendría la oportunidad de repatriar a los líderes detenidos en ese país, es decir, aquellos que podrían presentar pruebas incriminatorias sobre negociaciones pasadas y perjudicar su intento de reelección.

En resumen, ambos gobiernos violan los derechos humanos en su trato a los migrantes latinoamericanos, a quienes tratan como criminales y utilizan como moneda de cambio en acuerdos incoherentes en beneficio de intereses privados. En este sentido, el caso presentado refuerza la necesidad de una mayor vigilancia internacional sobre los gobiernos que operan bajo autoritarismo y justifican sus acciones con falsos intentos de generar "seguridad del Estado".