La legislación reciente en Florida y Texas para tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes indocumentados está causando que algunos latinos reconsideren donde viven y trabajan. En Florida, los videos de lugares de trabajo vacíos se volvieron virales después de que el gobernador Ron DeSantis firmara un proyecto de ley que aumenta las sanciones por emplear trabajadores indocumentados.

Según un artículo de The Hill, estos videos generaron atención y preocupación en las comunidades latinas, reflejando miedos genuinos.

Mario Carrillo, director de campaña de America's Voice, un grupo progresista de defensa de la inmigración, dice que si bien algunos pueden estar protestando, también hay un miedo palpable entre la comunidad inmigrante. Reconoce que los inmigrantes son una parte esencial de la fuerza laboral y que las consecuencias de estas leyes las pueden sentir quienes dependen de su trabajo.

La ley de Florida, que entra en vigencia el 1 de julio, incluye varias disposiciones que dificultarán la vida de los inmigrantes indocumentados y sus comunidades. Domingo García, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), describe a Florida como un entorno peligroso y hostil para los estadounidenses e inmigrantes respetuosos de la ley, y destaca los cambios significativos que se han producido a lo largo del tiempo.

Según la nueva legislación, Florida ya no reconocerá las licencias de conducir emitidas fuera del estado a inmigrantes indocumentados y prohibirá que los condados les expidan tarjetas de identificación. Estas medidas restringen aún más los derechos y la movilidad de las personas indocumentadas que viven en Florida.

Además, la ley requiere el uso de E-Verify para contratación, un controvertido programa de verificación de empleo que, según los críticos, a menudo da como resultado falsos positivos, lo que impide que los inmigrantes documentados o los ciudadanos estadounidenses trabajen legalmente. Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., que administran E-Verify, casi 60,000 solicitantes de empleo marcados como indocumentados pudieron demostrar su derecho legal a trabajar en el país. Del total de más de 48 millones de solicitantes de empleo, el sistema identificó solo a unos 525.000 como no autorizados, según el informe de The Hill.

La ley también penaliza el transporte de inmigrantes indocumentados de una forma que sus defensores consideran excesiva en relación con las leyes para prevenir la trata de personas. En Texas, los republicanos aprobaron recientemente un proyecto de ley en la Cámara que crearía una "Unidad de Protección Fronteriza", una fuerza policial de inmigración especializada que operaría en los condados a lo largo de la frontera, donde se concentra la población latina del estado.

Con la aprobación de estas medidas de aplicación más estrictas contra los inmigrantes indocumentados en Florida y Texas, los estados se unen a un grupo que ha buscado reemplazar la aplicación de la ley federal de inmigración con leyes locales.

Algunos críticos del gobierno en Florida expresan su preocupación por la escasez de mano de obra resultante de la nueva ley, mientras que otros creen que tomar medidas enérgicas contra los más de 770.000 inmigrantes indocumentados del estado tendrá consecuencias nefastas. Si bien el gobernador Ron DeSantis cuenta con un amplio apoyo en Florida, incluidos muchos en la comunidad latina, algunos argumentan que una aplicación más estricta podría dañar su popularidad.

Los opositores a los proyectos de ley están especialmente frustrados con lo que ven como movimientos políticos oportunistas de los gobernadores a la luz de la carrera presidencial de 2024. Muchos latinos en Florida y Texas dicen sentirse marginados por la búsqueda de puntos políticos con la base del Partido Republicano, que potencialmente pone en riesgo a sus comunidades.