Un reciente fallo judicial en Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en la política de inmigración de la administración Biden. Un tribunal federal ha rechazado los esfuerzos de algunos estados, encabezados por Texas, para detener un programa central de inmigración, conocido como “Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos” (CHNV), que permite que hasta 30.000 ciudadanos de esos países permanezcan temporalmente en EE.UU.

Según artículo de El País, el juez Drew Tipton, designado por el expresidente Donald Trump, dictaminó que Texas y otros estados republicanos no lograron probar el daño causado por la política migratoria de Biden. Esta decisión no se basó en la legalidad del programa, sino en la falta de justificación de la demanda interpuesta por Texas.

Este no es el primer enfrentamiento legal sobre la política de inmigración de Biden. El verano pasado, la Corte Suprema rechazó en junio una impugnación liderada por los republicanos a una política que priorizaba la deportación de inmigrantes considerados de alto riesgo para la seguridad pública o aquellos detenidos en la frontera.

“Los jueces votaron 8 a 1 para permitir que la política entre en vigor, reconociendo que no hay suficiente dinero ni mano de obra para deportar a los aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. Luisiana y Texas han argumentado que la ley federal de inmigración exige que las autoridades detengan y deporten incluso a aquellos que representan poco o ningún riesgo. Pero el tribunal sostuvo que, en primer lugar, los estados no tenían capacidad legal ni derecho a demandar”.

La demanda más reciente fue presentada por una coalición conservadora encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, argumentando que la llegada de inmigrantes ha obligado al estado a gastar millones en servicios públicos.

El fallo judicial fue elogiado por los defensores de la inmigración, destacando los beneficios del programa CHNV para individuos, familias y comunidades en Estados Unidos. Desde su lanzamiento en 2022, cientos de miles de migrantes de las cuatro naciones incluidas en el programa han ingresado a Estados Unidos, principalmente desde Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El artículo de El País también menciona que el Departamento de Seguridad Nacional utilizó este programa para permitir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de países en guerra, como afganos y ucranianos.

La decisión judicial representa una victoria para la política de inmigración de la administración Biden, asegurando la continuidad del programa CHNV a pesar de los desafíos y debates en curso en torno a la inmigración en Estados Unidos.