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ENDURECIMIENTO MIGRATORIO EN EE. UU.: RECORTES EN LA ASISTENCIA PARA LA VIVIENDA Y OBSTÁCULOS PARA LA NATURALIZACIÓN

Thaís C. A. Lacerda | 19/11/2026 11:26 | iNFORMES
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El panorama migratorio en Estados Unidos atraviesa una fase de restricciones simultáneas que afectan tanto a la seguridad habitacional básica como a la estabilidad jurídica de los inmigrantes y de los ciudadanos estadounidenses que forman parte de núcleos familiares con distintos estatus legales. Actualmente, llaman la atención las directrices en curso, impulsadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas nuevas directrices operan en dos frentes que se retroalimentan: la retirada de beneficios sociales - como la asistencia para la vivenda - a familias con estatus migratorio mixto, y un mayor rigor burocrático en los procesos de regularización permanente y obtención de la ciudadanía.


En lo que respecta a la vivienda, el gobierno de Trump prepara una medida para excluir a casi 80.000 personas de los programas federales de asistencia habitacional debido al estatus migratorio de sus familias, según reveló un reportaje publicado recientemente por el portal The Intercept. Se estima que aproximadamente la mitad de las personas afectadas son niños. La propuesta apunta específicamente a los hogares con estatus mixto, en los que al menos un integrante posee la ciudadanía estadounidense o la residencia legal (generalmente los hijos menores de edad), mientras que otros familiares carecen de documentación regular. Según la investigación, la presencia de un solo miembro sin un estatus elegible hará que todo el núcleo familiar quede inhabilitado para recibir el subsidio del HUD; esto pone a miles de personas bajo la amenaza directa de ser desalojadas y terminar en situación de calle, o bien obliga a la separación familiar para que los parientes elegibles puedan conservar su vivienda.


Paralelamente a la restricción en el acceso a la vivienda, el camino hacia la regularización definitiva se ha vuelto sustancialmente más lento y complejo. Según un informe de Bloomberg Law, los retrasos en los procesos de transición hacia la residencia permanente y la naturalización han aumentado, en medio de la creación de obstáculos administrativos cada vez mayores. La publicación destaca que el Departamento de Seguridad Nacional ha sometido el historial tributario de los solicitantes a un escrutinio intenso, examinando rigurosamente sus declaraciones de impuestos y obligaciones fiscales antes de conceder la ciudadanía. Esta acumulación de exigencias y verificaciones financieras ha generado obstáculos significativos en la tramitación de las solicitudes, prolongando la espera de los inmigrantes que buscan obtener plena seguridad jurídica.


El análisis conjunto de estas dos dinámicas pone de manifiesto el efecto combinado de las políticas restrictivas sobre la población inmigrante y sus dependientes. Mientras que el endurecimiento de los criterios fiscales y burocráticos retrasa la obtención de la residencia permanente y la naturalización, la normativa sobre vivienda penaliza precisamente a los núcleos familiares que aún cuentan con miembros sin un estatus regularizado; esto extiende las consecuencias de dicha exclusión a decenas de miles de niños y amplifica la vulnerabilidad socioeconómica de estas familias.

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