Una iniciativa del estado de Texas busca ofrecer tierras rurales a lo largo de la frontera con México en apoyo a la agenda de deportaciones masivas prometida por el presidente electo Donald Trump. La propiedad, ubicada en el condado de Starr, fue adquirida por el estado y ofrecida al gobierno federal como un sitio potencial para el procesamiento, detención y deportación de inmigrantes.

La acción refleja las políticas proactivas del estado de Texas en materia de inmigración y fronteras, destacando la polarización entre estados que apoyan o resisten las medidas de inmigración de Trump.

Según un artículo de Associated Press, la oferta del terreno, hecha por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, demuestra el alineamiento del estado con la agenda de Trump, reforzando su posición como socio en temas de seguridad fronteriza. Buckingham destacó la ubicación estratégica de la propiedad (plana, cerca de los aeropuertos y del puente sobre el Río Grande) como factores que podrían facilitar las operaciones de inmigración. Además, mencionó la adquisición como una extensión de las medidas fronterizas ya tomadas por Texas, como la construcción de barreras físicas.

Mientras Texas busca flexibilizar las políticas de Trump, otras jurisdicciones, como Los Ángeles, están actuando en contra. La ciudad ha adoptado oficialmente el estatus de "santuario", limitando su colaboración con las autoridades federales en materia de deportaciones. Esta división ilustra la tensión entre estados y ciudades con respecto a la aplicación de las leyes de inmigración.

Esta oferta, sin embargo, puede enfrentar desafíos logísticos y sociales. A pesar de la ubicación estratégica, el terreno ofrecido no cuenta con infraestructura básica, como caminos pavimentados, y está ubicado en un condado con recursos locales limitados, que incluye solo un hospital público. Además, existe incertidumbre sobre cómo se identificaría y detendría a los migrantes, considerando la magnitud de las deportaciones planeadas, que involucran a alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Trump y su equipo de transición indicaron que las deportaciones serían una prioridad desde el primer día de su administración, con énfasis en los criminales violentos.