El gobierno estadounidense anunció este año su plan para instalar aproximadamente 862 kilómetros (536 millas) de boyas cilíndricas a lo largo del Río Grande, en el sur del estado de Texas. Esta medida se implementaría con el objetivo de mitigar la entrada de inmigrantes, principalmente mexicanos, al país.

Sin embargo, no se prestó la debida atención a los impactos ambientales que dicha propuesta podría generar en las zonas de aplicación. La región ya sufre frecuentes inundaciones, y la nueva estructura podría agravar estos fenómenos. A pesar de las declaraciones de que las barreras no causarían impactos significativos, según un informante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), no se ha presentado ninguna evidencia sobre la seguridad del proyecto.

Ante lo anterior, la falta de publicaciones oficiales sobre la acción y, sobre todo, de estudios o informes sobre su posible impacto, preocupa a los geomorfólogos de la región respecto a las posibles repercusiones en el río y sus riberas. Además de la posible alteración del caudal, la dificultad para la pesca, la navegación y otras actividades, la acumulación de escombros varados puede forzar las barreras y provocar el derrumbe parcial de la instalación. En general, la población latina de la región se verá afectada, ya sea por el desplazamiento de sus lugares de origen o por la destrucción del paisaje natural.

Anteriormente, el gobierno de Texas ya había utilizado barreras flotantes en 2023. La adopción de la construcción se autorizó mediante un proceso de licitación pública durante el primer mandato de Trump, y la acción generó un amplio debate, provocando fricciones entre las políticas locales. Las boyas también contenían material peligroso en su ensamblaje, lo que ponía en riesgo la seguridad del cruce del río, especialmente para los inmigrantes que cruzaban la frontera desde México. Por lo tanto, tras una serie de debates internos, el Tribunal Federal ordenó la retirada de los dispositivos.

En esta segunda administración Trump, la propuesta vuelve a cobrar fuerza bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ya en 2025, se suspendieron numerosas leyes federales, entre ellas la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), la Ley de Conservación de Aves Migratorias (MAC) y la Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act).

En este contexto, empresas privadas, muchas de las cuales participaron en la construcción de muros fronterizos, recibieron financiación para la construcción de la cadena de boyas sin una supervisión exhaustiva. Las primeras boyas se instalaron el 7 de enero; sin embargo, la población local y grupos activistas continúan recabando información para luchar contra la barrera e impedir la continuación de la construcción, que ya ha acumulado más de mil millones de dólares en inversiones.

Otro punto importante a destacar es la posible transgresión de los tratados firmados entre países vecinos, más concretamente el tratado de 1970 relativo al uso compartido de las aguas del río y la delimitación de fronteras.

Dicho esto, la ciudad de Brownsville, más al sur del Río Grande, se ha destacado por su oposición al proyecto, incluyendo votaciones en resoluciones y protestas. Asimismo, la oposición de otros condados ha seguido la misma línea de razonamiento, exigiendo actualizaciones y resoluciones firmes para evitar posibles catástrofes.

Fuentes:

GARCIA, Berenice. Trump administration to add 500 miles of migrant-deterring buoys along Rio Grande. The Texas Tribune, [S. l.], 23 mar. 2026. Disponible en: https://www.texastribune.org/2026/03/23/texas-border-rio-grande-buoys-federal-barrier-brownsville/. Consultado el 7 de abril de 2026.

HERNÁNDEZ, Arelis R. et al. Border wall expansion: Trump environmental impact. The Washington Post, Washington, DC, 21 mar. 2026. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/immigration/2026/03/21/border-wall-expansion-trump-environmental-impact/. Consultado el 7 de abril de 2026.