Dos congresistas latinas, la representante republicana María Salazar de Florida y la representante demócrata Veronica Escobar de Texas, han propuesto un proyecto de ley de inmigración bipartidista llamado “Ley de Dignidad”.

La legislación propuesta por las congresistas permitiría que las personas que están en el país trabajando ilegalmente no sean deportadas. Además, “aceleraría el proceso de asilo y establecería ‘campi humanitarios’ para detener a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera sur hasta que se decidan sus casos. El proyecto de ley también reduciría el pago a personas sin estatus legal permanente para financiar la infraestructura fronteriza”, según NBC News.

La diputada Salazar aclaró que el proyecto de ley no debe confundirse con la ley de amnistía firmada por el expresidente Ronald Reagan en 1986. Señaló que el proyecto de ley propuesto tiene medidas más estrictas y penas más severas que un proyecto de ley republicano de seguridad fronteriza aprobado por la Cámara.

“Salazar, quien es cubana-estadounidense, dijo que el objetivo del proyecto es 'dar dignidad' a los agentes de la Patrulla Fronteriza - quienes dijo están 'sobretrabajados y mal pagados' - a la comunidad empresarial que necesita trabajadores, y a los millones y millones de personas 'que son invisibles para la mayoría de los estadounidenses, que están haciendo un trabajo que otros no están dispuestos a hacer'".

El proyecto de ley propuesto se produce después de que la administración Biden terminara con la aplicación del Título 42, una ley de salud impuesta durante la pandemia, que llevó a más personas a buscar asilo u otras formas de entrada en la frontera. Sin embargo, muchos cuestionan las posibilidades de avance del proyecto de ley, ya que el Congreso ha fallado repetidamente en aprobar legislación para modernizar las leyes de inmigración y mantenerse al día con los cambios en la realidad de la migración.

El proyecto de ley Salazar-Escobar establece varias disposiciones, incluido el requisito de que la Patrulla Fronteriza detenga al 90% de las personas que cruzan la frontera ilegalmente antes de que los inmigrantes puedan obtener un estatus legal permanente. Además, permite que personas sin estatus legal por cinco años y sin antecedentes penales trabajen y estén protegidos de la deportación por siete años a través del “Programa Dignidad”. A los participantes del programa se les cobraría un "impuesto a la dignidad" del 1,5% retenido de sus cheques de pago, además de otras tarifas. El proyecto también busca agilizar el proceso de asilo, crear protección inmediata para los “Dreamers” y simplificar el camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía.

Si bien el proyecto de ley se considera una alternativa importante al proyecto de ley de seguridad fronteriza republicano, algunos cuestionan sus posibilidades de aprobación, ya que la Cámara de Representantes parece preferir mantener el actual sistema de inmigración defectuoso en lugar de buscar soluciones reales.