Al finalizar el primer semestre legislativo de 2025, los estados de Estados Unidos muestran un escenario profundamente dividido respecto a su enfoque de la inmigración. Mientras algunas regiones están adoptando medidas para ampliar la protección a los inmigrantes, otras están intensificando políticas de cumplimiento inspiradas en las medidas de endurecimiento impulsadas durante la administración Trump. El análisis de las acciones estatales revela una fragmentación nacional, en la que al interior de un mismo país coexisten políticas de recepción y represión.

Según un estudio publicado por Imigration Impact, en el Nordeste la atención se centra en fortalecer las garantías legales para los inmigrantes, como lo demuestra la legislación aprobada en Nueva York que facilita la regularización de las familias de militares extranjeros. Otros estados de la región han tomado medidas para impedir la aplicación de leyes migratorias en lugares sensibles, como escuelas y hospitales, y han fortalecido las leyes que restringen la cooperación entre las autoridades locales y federales a la hora de llevar a cabo deportaciones.

En cambio, en el sureste la tendencia es la opuesta. Estados como Tennessee y Florida han ampliado la cooperación con las autoridades federales, restringido los derechos civiles de los inmigrantes y criminalizado la conducta de los funcionarios públicos que se niegan a colaborar con las políticas de deportación. La legislación de Tennessee, por ejemplo, centraliza y amplía la acción estatal en la represión de los inmigrantes, al tiempo que impone sanciones a los servidores públicos.

El Medio Oeste y el Oeste presentan una postura ambigua. Si bien aprueban proyectos de ley que reconocen la contribución económica de los inmigrantes (como permitir que médicos formados en el extranjero trabajen en zonas marginadas), también aprueban medidas represivas, como prohibir las ciudades santuario y exigir a los agentes de policía que verifiquen el estatus migratorio. Esta dualidad refleja el choque entre las presiones políticas conservadoras y la necesidad práctica de integrar a los inmigrantes en las economías locales.

En el suroeste, esta polarización se repite. Colorado está surgiendo con propuestas sólidas para proteger los derechos civiles de los inmigrantes, eliminando las barreras burocráticas y limitando el intercambio de datos con las autoridades de inmigración. En contraste, Texas y Arizona han adoptado leyes restrictivas, como limitar el acceso a la educación y a los beneficios públicos para las personas indocumentadas. Aún así, hay avances específicos en estados como Nuevo México y Oklahoma, que han adoptado medidas para incrementar la inserción de inmigrantes en el mercado laboral.

Esta divergencia de direcciones revela el peso creciente de las legislaturas estatales en la formulación de políticas migratorias. En un escenario nacional de estancamiento político, los Estados asumen un papel protagónico, moldeando la vida cotidiana de las comunidades inmigrantes. Las decisiones tomadas a nivel local determinan no sólo el acceso a derechos y oportunidades, sino también la seguridad jurídica y social de estas poblaciones. El mapa de la inmigración en Estados Unidos en 2025 es un mosaico de avances y retrocesos que resalta el papel crucial de las decisiones políticas regionales en la definición del futuro de los inmigrantes en el país.