La renuncia de Robert Santos como director de US Census Bureau representa una oportunidad para que el presidente Donald Trump designe a un nuevo líder para la agencia, influyendo directamente en los preparativos para el censo de 2030. Santos, quien asumió el cargo en 2022 como candidato de Joe Biden, decidió poner fin a su mandato antes de tiempo, lo que genera inquietudes sobre el trabajo continuo de la oficina en un momento crucial para organizar el próximo recuento de población, según un informe de NPR.

Santos fue el primer latino en dirigir el Census Bureau y fue ampliamente reconocido por su experiencia en estadísticas. Durante su mandato, buscó restaurar la confianza pública en la agencia después de la interferencia de la administración anterior de Trump, incluidos los intentos de terminar prematuramente el censo de 2020 y la controvertida propuesta de incluir una pregunta sobre la ciudadanía que podría haber desanimado a las personas de comunidades asiático-americanas a participar. Su administración también estuvo marcada por la creación de un comité de consultores externos para el censo de 2030 y el intento de reformular la recolección de datos sobre raza y etnicidad, según la publicación.

La salida anticipada de Santos ha generado preocupación entre expertos y defensores de la integridad del censo, quienes temen que Trump designe a alguien que carezca de las calificaciones necesarias o que pueda politizar el puesto. Durante su primer mandato, Trump ya había enfrentado críticas por nombramientos controvertidos y por intentar influir en la producción de estadísticas demográficas. El censo juega un papel fundamental en la definición de la representación política y la distribución de billones de dólares en recursos federales, por lo que es esencial elegir un liderazgo técnico e imparcial.

El futuro de Census Bureau ahora depende de quién sea nominado para reemplazar a Santos. Si el nuevo director está motivado por razones políticas más que técnicas, la credibilidad de la agencia podría verse comprometida, lo que afectaría la confianza pública en los datos que guían las políticas y decisiones en todo el país.