La reciente decisión de la administración Trump de suspender el programa federal de reasentamiento de refugiados y bloquear la financiación de las agencias responsables de este trabajo provocó una reacción inmediata de las organizaciones humanitarias. El lunes (10), grupos de apoyo a los refugiados presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle, argumentando que la medida es ilegal y viola la autoridad del Congreso para crear leyes de inmigración, según Associated Press. La demanda fue presentada por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados en nombre de varias organizaciones religiosas y humanitarias, incluidas Church World Service, HIAS y Lutheran Community Services Northwest, así como de refugiados afectados por la decisión.

Las organizaciones dicen que la orden ejecutiva de Trump compromete gravemente su capacidad de brindar asistencia esencial a los refugiados dentro y fuera de Estados Unidos. Según el proceso, la suspensión ya ha causado impactos directos, como la cancelación de viajes de refugiados previamente aprobados y la separación prolongada de familias en espera de reunificación. Además, sostienen que el programa de reasentamiento, que existe desde hace décadas y cuenta con un riguroso proceso de verificación, siempre ha recibido apoyo bipartidista, pero se ha convertido en blanco de disputas políticas en los últimos años. La administración Trump, en su primer mandato, ya había detenido temporalmente el programa y reducido significativamente el número de refugiados aceptados en el país.

En Estados Unidos, las agencias responsables del reasentamiento están en su mayoría vinculadas a instituciones religiosas, y siete de las diez principales organizaciones que desempeñan esta función reciben financiación federal. La suspensión del programa, por tanto, afecta directamente el trabajo de estas entidades. La demanda presentada contra la administración Trump se suma a otros desafíos legales que enfrentan sus políticas migratorias, como los intentos de revocar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados y las restricciones al acceso al asilo en la frontera sur, según la publicación.

Según Associated Press, la abogada Melissa Keaney, representante del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, criticó la decisión de Trump, afirmando que no puede ir en contra de la voluntad del Congreso mediante una simple orden ejecutiva. Según ella, Estados Unidos tiene el compromiso moral y legal de proteger a los refugiados y mantener la suspensión tendrá consecuencias devastadoras. La justificación del gobierno para la medida es que las ciudades y comunidades estadounidenses ya están abrumadas por niveles récord de migración y no tienen la estructura para recibir a más refugiados. Hasta el momento, la administración Trump no ha comentado oficialmente sobre la acción legal.