La administración Trump está considerando recurrir a fondos del Departamento de Defensa para ampliar la capacidad de arresto y deportación de inmigrantes en Estados Unidos. La estrategia implicaría contratar proveedores de servicios civiles para ampliar rápidamente las instalaciones temporales, como centros de detención en tiendas de campaña, así como proporcionar equipos y transporte entre los sitios de detención. Este plan también podría aumentar la disponibilidad de aviones y equipos para deportaciones, ampliando significativamente el alcance de las operaciones del Immigration and Customs Enforcement (ICE), según NBC News.

A pesar de los esfuerzos anteriores, la administración Trump no pudo lograr el volumen esperado de deportaciones. Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración, ya había reclutado agentes de varias agencias federales para ayudar a ICE, pero el bajo número de arrestos y deportaciones frustró tanto a Homan como al propio presidente. Trump, quien prometió deportar a millones de inmigrantes durante su campaña y discurso de toma de posesión, expresó su descontento con el ritmo de las operaciones, lo que llevó a la reestructuración del liderazgo dentro de ICE.

El presupuesto limitado de la agencia ha sido un obstáculo importante para lograr los objetivos de la administración. Actualmente, los fondos aprobados por el Congreso permiten el mantenimiento de aproximadamente 40.000 camas para inmigrantes detenidos, lo que dificulta una expansión significativa de las operaciones. Aunque ICE puede trabajar con prisiones privadas para aumentar esta capacidad, los recursos disponibles restringen esta posibilidad, según la publicación.

Para superar estas limitaciones, la administración Trump está explorando el uso de contratos LOGCAP (Logistics Civil Augmentation Program), que permiten al Pentágono celebrar rápidamente acuerdos de apoyo logístico en diversas operaciones. Si se adopta esta estrategia, la cantidad de recursos disponibles para la aplicación de la ley de inmigración aumentaría considerablemente. Sin embargo, la administración puede enfrentar desafíos legales al utilizar estos contratos con fines de inmigración, ya que su uso ha estado tradicionalmente vinculado a operaciones militares. Como justificación, Trump pretende recurrir a las Alien and Sedition Acts y su declaración de emergencia nacional en la frontera sur, buscando garantizar la legalidad de la financiación a través del Departamento de Defensa.