Recientemente se publicó un informe de "POGO Investigates", una organización de noticias sin fines de lucro que "busca exponer la corrupción sistémica y el abuso de poder en el gobierno federal". El documento presenta datos significativos derivados de investigaciones sobre los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), revelando una grave crisis en la supervisión de sus operaciones, particularmente en lo que respecta al sistema de quejas, el cual debería garantizar el anonimato y, como mínimo, el respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que las instalaciones del ICE son gestionadas tanto por el gobierno como por operadores privados, tales como LaSalle Corrections, The GEO Group, CoreCivic y Management & Training Corp.

Uno de los problemas destacados se refiere a las fallas sistémicas en la supervisión de las instalaciones. Una mujer palestina, detenida durante aproximadamente un año en el Centro de Detención Prairieland (Texas), ofreció un testimonio que demuestra cómo las inspecciones de la Oficina de Supervisión de Detención (ODO) se ven enmascaradas por soluciones superficiales y temporales, como capas de pintura fresca y mejoras menores y efímeras en la alimentación. Además, a pesar de las constantes quejas sobre negligencia médica, agua contaminada y violaciones de los derechos religiosos (la mujer llegó a ser encadenada a una cama de hospital después de que se ignorara su fiebre alta), el centro recibió la calificación más alta de "Superior", lo que sugería una satisfacción unánime de los detenidos y la ausencia de infracciones a las normas.

Este patrón refleja una tendencia a nivel nacional. Según el informe, entre el año fiscal 2022 y julio de 2026, el número de deficiencias registradas por la ODO disminuyó casi un 70 %, mientras que la cantidad de instalaciones calificadas como "Superior" se triplicó. Esta mejora artificial coincidió con la flexibilización de las normas en 2026, que eliminó requisitos tales como los análisis anuales del agua realizados por laboratorios independientes y la remuneración obligatoria en los programas de trabajo voluntario, reduciendo así los costos para las empresas privadas. El ICE nunca otorgó una calificación reprobatoria a las instalaciones dedicadas exclusivamente a la agencia.

En medio de la supervisión negligente de los centros del ICE, se ha producido un aumento alarmante de las muertes bajo custodia, alcanzando la cifra récord de 33 fallecimientos en 2025, a los que se suman decenas de casos más registrados en 2026 (periodo durante el cual el ICE dejó de divulgar las muertes ocurridas poco después de la liberación). Casos como el de un hombre de 39 años que falleció en el centro de Adelanto debido a complicaciones derivadas de un absceso —tras semanas de recibir únicamente Tylenol— ponen de manifiesto dicha negligencia, según el informe: días antes de su muerte, la Oficina de Detención y Deportación (ODO) había certificado que el centro no presentaba infracciones médicas y lo había calificado como "bueno", una conclusión que contradice las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia de California y por organizaciones de derechos humanos.

Un informe de NPR, coherente con los hallazgos de POGO, revela un colapso en el sistema interno de quejas diseñado para permitir la denuncia de abusos sin temor a represalias. El debilitamiento de los organismos de supervisión durante el segundo mandato del presidente Donald Trump coincide con una situación en la que las muertes bajo custodia alcanzaron una cifra récord de al menos 53 fallecimientos, lo que llevó a los detenidos a iniciar huelgas de hambre, según NPR. Al ser consultado sobre la eficacia del sistema, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se limitó a citar las directrices de las Normas Nacionales de Detención Basadas en el Desempeño de 2011.

Un caso emblemático destacado en el informe involucra a un ciudadano mexicano con un tumor cerebral que estaba detenido en "California City". Su tratamiento de quimioterapia fue interrumpido y el suministro de su medicación anticonvulsiva se volvió irregular. El hombre presentó cuatro quejas formales solicitando atención especializada, pero nunca recibió una respuesta por escrito de CoreCivic ni del DHS dentro de los plazos reglamentarios (que oscilan entre 24 horas y cinco días); fue liberado únicamente tras recurrir al sistema judicial estatal. El informe también señala que los expertos atribuyen las dificultades de supervisión a la coexistencia de múltiples conjuntos de normas contractuales (de 2011, 2016 y 2019). La situación general se ve agravada por el cierre de la Oficina del Defensor del Pueblo en mayo de este año y por los recortes en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) —donde la plantilla se redujo de 150 personas a apenas unas pocas docenas—, lo que paralizó la tramitación de más de 500 quejas bajo la justificación gubernamental de reducir costos.

La falta de datos centralizados impide el seguimiento público de estas quejas. Según un informe de NPR, un estudio de 2024 realizado por la ACLU del Norte de California y la California Collaborative for Immigrant Justice sobre 485 quejas reveló que el 71 % fueron desestimadas por infundadas, el 21 % se cerraron sin resolución y solo el 8 % fueron declaradas procedentes. Además, presentar quejas a menudo expone a los detenidos a represalias, como el confinamiento en solitario o el traslado a instalaciones alejadas de sus familias, conocidos y de un acceso viable a servicios legales.

El informe de NPR también destacó los obstáculos persistentes para la supervisión externa, tales como el bloqueo de visitas sin previo aviso y los problemas con las líneas telefónicas para que los detenidos presenten quejas en los centros gestionados por CoreCivic. Asimismo, The GEO Group enfrentó acciones legales por parte del Fiscal General de Nueva Jersey después de que el personal del centro "Delaney Hall" impidiera el acceso a los inspectores durante una huelga de hambre iniciada en protesta por alimentos en mal estado y negligencia médica; una inspección posterior reveló infracciones sanitarias y la falta de control en los registros de prevención de suicidios.

A pesar de las sanciones estipuladas por el Congreso de los EE. UU. —como la suspensión de fondos y la rescisión de contratos tras dos inspecciones fallidas consecutivas—, las exenciones gubernamentales han permitido que centros saturados sigan operando, incluso cuando la población bajo custodia del ICE aumentó un 75%, superando los 73.000 detenidos (la mayoría sin antecedentes penales). Finalmente, ante el colapso administrativo, el poder judicial intervino: en el "Adelanto Processing Center", donde han fallecido al menos cuatro personas desde septiembre de 2025, un tribunal federal emitió una orden judicial exigiendo el suministro de artículos básicos y el nombramiento de dos supervisores independientes que contaran con un canal de denuncia confidencial.

Dado que los organismos oficiales de supervisión omiten o falsifican datos sobre las evaluaciones de los centros de detención del ICE, el sistema interno de quejas fracasa al ignorar, desestimar sistemáticamente o tomar represalias contra las alertas planteadas por los propios detenidos. Así, se hace evidente un colapso institucional del sistema, impulsado por el debilitamiento de los organismos federales de control y la neutralización de los mecanismos de contrapeso establecidos por el Congreso. La ausencia de inspecciones rigurosas y de un mecanismo de denuncia funcional genera un vacío de rendición de cuentas que protege los intereses económicos de los operadores privados; esto permite que se produzcan graves casos de negligencia médica, violaciones de los derechos humanos y un número récord de muertes bajo custodia sin la debida supervisión administrativa, dejando la tarea de frenar los abusos en la detención de migrantes exclusivamente en manos de la intervención judicial y de las acciones de entidades externas.