La decisión del juez federal de Texas Andrew S. Hanen de rechazar el último esfuerzo de la administración Biden para salvar el programa de inmigración de DACA (“Deferred Action for Childhood Arrivals”) tiene implicaciones significativas para cientos de miles de adultos jóvenes indocumentados en los Estados Unidos. Hanen dijo que el programa, creado por acción ejecutiva del entonces presidente Barack Obama en 2012, sigue siendo ilegal, ya que Obama se excedió en su autoridad al establecerlo, según un artículo del New York Times.

La saga legal de cinco años en torno a DACA ha estado marcada por giros y vueltas, y este fallo es un capítulo más. Si bien la decisión de Hanen es un duro golpe para los inmigrantes, no resulta en el fin inmediato del programa. Los beneficiarios actuales podrán mantener y renovar su protección, pero no se permitirán nuevas altas.

La administración Biden intentó reforzar la situación legal de DACA mediante un procedimiento de elaboración de normas en 2021, pero esto no influyó en la decisión del juez Hanen. Se espera que el gobierno apele el fallo ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, y el caso podría terminar en la Corte Suprema.

DACA ha beneficiado a más de 800.000 jóvenes desde su creación, brindándoles protección contra la deportación y permisos de trabajo. La mayoría de los beneficiarios llegaron a los EE. UU. cuando eran niños, sin elección propia, y no tienen estatus legal debido a entrada ilegal o vencimiento de la visa.

La incertidumbre que rodea a DACA ha impactado las vidas de sus beneficiarios, que ahora tienen más de 30 años, muchos de ellos con carreras, familias y profundos vínculos con Estados Unidos. La decisión del juez Hanen genera preocupación sobre el futuro de estas personas.

“Desde que entró en vigencia hace 11 años, el programa ha beneficiado a más de 800 mil jóvenes; Actualmente están registradas alrededor de 600 mil personas. Los beneficiarios de DACA generalmente fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños sin elección propia. No tienen estatus legal porque ingresaron al país sin documentos o se quedaron más tiempo que la visa. El programa los protege de la deportación a pesar de su estatus migratorio y les permite recibir permisos de trabajo, lo que les ha permitido a muchos de ellos desarrollar carreras y vidas en el país”.

También según la publicación, aunque las encuestas nacionales muestran un apoyo bipartidista para otorgar estatus legal a los Dreamers, el Congreso no ha logrado encontrar una solución legislativa para DACA, a pesar de los sucesivos intentos desde 2001. El programa ha enfrentado desafíos legales desde la promesa del expresidente Donald Trump de cerrarlo en 2017.

La decisión del juez representa un importante revés para los beneficiarios de DACA y pone de relieve la necesidad de una solución legislativa permanente a su situación, que lleva años en juego.