La organización nacional latina de derechos civiles y legales que opera en los Estados Unidos, MALDEF (“Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano Americano”), ha estado presentando demandas durante los últimos siete años contra instituciones financieras del país. Cabe señalar que las acciones tienen como objetivo combatir las políticas discriminatorias de estas instituciones contra los beneficiarios elegibles del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Estas políticas incluyen negarse a proporcionar préstamos y otros servicios basados ​​en el estado migratorio del solicitante.

Según una publicación de NBC News, MALDEF presentó recientemente dos demandas, una contra Noble Credit Union “en nombre de un beneficiario de DACA de California de 28 años a quien se le negó un préstamo de automóvil basándose en los 'requisitos de estatus migratorio limitados y arbitrarios' de la cooperativa de crédito”, y otra contra una empresa de crédito con sede en Oregón, Oregon Credit Union por “negar ilegalmente un préstamo hipotecario a un beneficiario de DACA basado en su estatus migratorio”.

MALDEF demandó previamente a Wells Fargo en 2017, alegando discriminación contra los beneficiarios de DACA, lo que resultó en un acuerdo en 2020 que obligó al banco a pagar más de $18,7 millones a losafectados y cambiar sus políticas de préstamos. En los últimos años se han resuelto otros casos similares que involucran a instituciones financieras.

“Desde que comenzó DACA en 2012, este segmento de la población ha aportado $108 mil millones a la economía estadounidense, así como $33 mil millones en impuestos combinados, según el grupo de defensa de la inmigración FWD.us.”.

 MALDEF continúa promoviendo acciones legales para obtener fallos definitivos sobre discriminación basada en el estatus migratorio, argumentando que las leyes federales no son claras al respecto.

El presidente de MALDEF, Thomas Saenz, destaca la importancia de aclarar las políticas de larga data de las instituciones financieras, afirmando que la rápida resolución de estos casos sugiere una falta de conciencia en los niveles superiores sobre las prácticas discriminatorias. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor y el Departamento de Justicia emitieron un comunicado conjunto advirtiendo sobre la posible violación de las leyes de no discriminación en el proceso de decisión crediticia basada en el estatus migratorio, según la publicación de NBC.