La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden el lunes exigiendo que Texas permita el acceso de agentes fronterizos federales a la frontera del estado con México, donde las autoridades de Texas han instalado tramos de alambre de púas. El fallo, que anuló una orden judicial del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, refuerza efectivamente la larga tradición de que la Constitución otorga al gobierno federal la responsabilidad exclusiva de la seguridad fronteriza.

Según un artículo publicado por el Texas Tribune, la disputa comenzó en octubre del año pasado, cuando Texas demandó al gobierno federal después de que agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran parte del cable tendido a lo largo del Río Grande, alegando interferencia con los esfuerzos de seguridad fronteriza del estado y destrucción de propiedad. La orden de la Corte Suprema permite a los agentes federales continuar abordando situaciones humanitarias urgentes y haciendo cumplir las leyes.

La batalla legal es parte del contexto más amplio de la Operación  Lone Star del gobernador de Texas, Greg Abbott, que implicó el envío de tropas estatales a la frontera con México, la instalación de alambre de púas y la construcción de muros fronterizos. El gobierno federal, encabezado por el presidente Joe Biden, ha cuestionado estas acciones, argumentando que las estrategias de Texas hacen que el trabajo de los agentes de primera línea sea más difícil y peligroso.

“Desde 2021, la iniciativa Operación Estrella Solitaria de Abbott ha creado tensión entre los gobiernos estatal y federal. Como parte de la operación, Abbott envió tropas estatales a través de la frontera de 1.900 millas entre Texas y México; ordenó a la policía estatal arrestar a los inmigrantes sospechosos de invasión; gastó 11 millones de dólares para instalar 70.000 rollos de alambre de púas a lo largo del Río Grande; y gastó 1.500 millones de dólares en unos 20 kilómetros de muros fronterizos. Mientras los migrantes intentaban atravesar la valla, la Patrulla Fronteriza cortó partes de la barrera para ayudar a los heridos. El Fiscal General Ken Paxton presentó una demanda contra el DHS, alegando que agentes federales destruyeron ilegalmente propiedad estatal”.

La decisión de la Corte Suprema se produce en medio de tensiones constantes entre el gobierno estatal y federal, lo que refleja desacuerdos sobre cuestiones de inmigración. El comunicado de la Casa Blanca celebró la orden como una oportunidad para abordar situaciones humanitarias urgentes y hacer cumplir las leyes, al tiempo que criticó las acciones políticas de Texas, como la instalación de alambre de púas, diciendo que tales acciones hacen que el trabajo sea más difícil y peligroso.

La publicación Texas Tribune también menciona la dificultad para reformar la inmigración en EE.UU., señalando que el Congreso aún no ha llegado a un acuerdo bipartidista sobre el tema, “mientras los republicanos, e incluso algunos demócratas, continúan condenando la forma en que el presidente abordó la frontera”.