El aumento significativo en el ritmo de las deportaciones en los Estados Unidos, como lo revela el reciente informe de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, plantea serias preocupaciones sobre el acceso a la justicia y los derechos de los inmigrantes. El estudio encuentra que en los primeros seis meses del año fiscal 2024, hubo un aumento del 50% en las órdenes de deportación en comparación con el punto más alto durante la administración Trump en 2019. Este aumento coincide con la expansión en el número de jueces de inmigración bajo la actual administración.

“El mayor número de órdenes de deportación se emitieron a inmigrantes que residían en la ciudad de Nueva York, con poco menos de 11.000. El condado de Harris, Texas y Los Ángeles hicieron lo mismo con más de 8.000 y casi 6.000, respectivamente”.

Las cifras muestran que Nueva York lidera en términos de deportaciones, seguida por áreas como el condado de Harris, Texas y Los Ángeles. Sin embargo, el informe también destaca una tendencia alarmante: a pesar del aumento de las deportaciones, la representación legal de los inmigrantes está disminuyendo. Solo el 15% de los inmigrantes a los que se ordenó su expulsión pudieron obtener representación legal durante el año fiscal 2024, en comparación con el 30% de representación entre aquellos que se retrasaron en los tribunales. Esta disparidad sugiere que los inmigrantes sin representación legal tienen muchas más probabilidades de ser deportados.

Además, el estudio revela que los procesos judiciales relacionados con los solicitantes de asilo son cada vez más largos, con una media de más de dos años y medio. Este retraso es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que los casos que terminan en órdenes de expulsión son más rápidos que aquellos en los que se concede asilo.

La situación es aún más compleja con los posibles cambios en las políticas de asilo propuestos por la administración Biden. Según los informes, una nueva regla podría permitir a las autoridades de inmigración rechazar rápidamente a los solicitantes de asilo, potencialmente en cuestión de días o incluso horas, especialmente aquellos considerados riesgos para la seguridad nacional. Aunque estas medidas se vienen preparando desde hace meses, aún no han sido anunciadas oficialmente, señala el informe de TheLatin Times.

En resumen, el aumento de las deportaciones en Estados Unidos plantea preguntas urgentes sobre la justicia, el acceso a la representación legal y los derechos de los inmigrantes, especialmente en un contexto donde los casos judiciales relacionados con el asilo ya están experimentando retrasos considerables. Los posibles cambios a las políticas de asilo también añaden una capa adicional de incertidumbre y preocupación para la comunidad de inmigrantes y los defensores de los derechos humanos.