La administración Biden anunció el jueves una nueva medida para acelerar el procesamiento de solicitudes de asilo en los tribunales de inmigración, reduciendo el tiempo necesario de años a meses para algunos adultos solteros. La iniciativa se implementará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Los inmigrantes en estas ciudades serán incluidos en un “registro de nuevas llegadas”, con el objetivo de que los jueces decidan sus reclamaciones en un plazo de 180 días, en lugar de los cuatro años o más actuales.

El Departamento de Justicia ha asignado 10 jueces a este esfuerzo, aunque aún no se sabe cuántos casos se manejarán, lo que dificulta evaluar el impacto potencial. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó que esta medida administrativa no reemplaza los cambios que podría traer un proyecto de ley integral, pero es un paso necesario ante la falta de acción del Congreso.

Las ciudades fueron elegidas por la disponibilidad de jueces y porque son destinos importantes para los migrantes. Los solicitantes de asilo son elegibles para obtener permisos de trabajo seis meses después de su llegada, lo que, según los críticos, fomenta la inmigración incluso para aquellos con solicitudes débiles.

La administración Biden ya ha intentado acelerar el procesamiento de asilo con iniciativas anteriores, incluido un proceso de “Expediente Dedicado” para familias en 2021 y un plan en 2022 para que los funcionarios de asilo decidan un número limitado de solicitudes.

Sin embargo, la respuesta a estas iniciativas ha sido mixta. Dana Leigh Marks, una jueza de inmigración jubilada, sostiene que las solicitudes aceleradas anteriores no dieron a los solicitantes suficiente tiempo para contratar abogados y no lograron frenar la migración. Matt Biggs, en representación de los jueces de inmigración, expresó su preocupación sobre cómo el nuevo esfuerzo afectará los derechos a un juicio justo y espera que la administración haya aprendido de los errores del pasado.

Actualmente, el retraso en los tribunales de inmigración ha aumentado a 3,6 millones de casos, con alrededor de 600 jueces en 68 tribunales. El plan anunciado no incluye financiación para más jueces. Además, se implementó una nueva política para rechazar por adelantado las solicitudes de asilo consideradas amenazas a la seguridad pública.