Una publicación de la organización Stateline examinó las propuestas de Donald Trump para una política de inmigración más dura, centrándose en su plan para llevar a cabo un programa de deportación masiva, que describió como “el más grande en la historia de Estados Unidos”, si es reelegido. El análisis incluye las implicaciones políticas, jurídicas, económicas y sociales de tal enfoque, así como la viabilidad práctica de su implementación.

Las propuestas de Trump

Trump planea federalizar la Guardia Nacional, movilizar tropas militares y construir centros de detención para acelerar el proceso de deportación. También propone derogar programas como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) y TPS (Temporary Protected Status), que actualmente protegen a cientos de miles de inmigrantes de la deportación. Además, busca hacer cumplir la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a inmigrantes con antecedentes penales y presionar a los estados y ciudades santuario para que cooperen con las autoridades federales.

Colaboración federal y estatal

Los expertos dicen que el éxito de estas políticas depende de la colaboración de los estados y las ciudades, sobre todo porque muchos de ellos, como los llamados santuarios, limitan o niegan el apoyo al ICE (Immigration and Customs Enforcement). Las leyes estatales contra la inmigración no autorizada, adoptadas en estados como Arizona, Texas y Florida, enfrentan desafíos constitucionales, mientras que las ciudades santuario continúan resistiendo. Aún así, Trump está considerando retener fondos federales de jurisdicciones que no cooperen.

Desafíos legales y logísticos

Deportar alrededor de 1 millón de personas por año requeriría 88 mil millones de dólares anuales, según estimaciones del American Immigration Council. Estos costos implicarían la ampliación de los tribunales de inmigración, los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los centros de detención. Además, algunas naciones se niegan a aceptar a sus ciudadanos deportados y la burocracia interna en Estados Unidos puede dificultar el proceso. Según el análisis, los expertos sugieren que, con la experiencia adquirida en el primer mandato, una nueva administración Trump puede ser más eficaz para superar esos obstáculos.

Impactos económicos y sociales

La política de deportación masiva tendría implicaciones importantes, como escasez de mano de obra, reducción de las contribuciones fiscales y un impacto en el sector agrícola y de servicios, donde trabajan muchos inmigrantes; además de impactos sociales, como la separación de familias con estatus mixto, deportaciones que afectan especialmente a estados como California, Texas y Florida, que albergan a casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país.

Aunque Trump prometió deportaciones masivas en su primera campaña presidencial, las deportaciones anuales durante su administración han sido inferiores al récord establecido por Barack Obama en 2013. Los expertos creen que un segundo mandato más organizado podría aumentar significativamente las cifras. El análisis advierte que algunos estudios indican que el enfoque de deportación masiva podría desviar la atención de los criminales peligrosos y centrarse en los inmigrantes sin antecedentes penales.

Opinión pública

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan una mayor seguridad fronteriza y la deportación de criminales, pero las opiniones difieren sobre las deportaciones masivas. Los estados republicanos tienden a apoyar estas políticas, mientras que los estados demócratas se resisten. La crisis migratoria en la frontera sur a menudo se presenta como “fuera de control”, lo que alimenta el apoyo a medidas más estrictas.

¿Quién se vería afectado?

El principal objetivo de las deportaciones incluiría a inmigrantes con órdenes de expulsión pendientes (alrededor de 1,3 millones de personas); personas con antecedentes penales (662 mil casos identificados por ICE); beneficiarios de programas temporales como DACA y TPS, ya que pueden perder sus protecciones. Además, millones de casos de asilo pendientes podrían verse afectados por cambios en la aplicación de la ley.

En resumen, el plan de Trump para una política de inmigración más estricta refleja su enfoque en la seguridad y la aplicación de la ley, pero enfrenta barreras sustanciales, desde desafíos legales hasta costos económicos y resistencia local. Aunque políticamente polarizador, puede contar con el apoyo de una parte importante de la población estadounidense, que expresa preocupaciones sobre la inmigración y la seguridad. Sin embargo, la implementación de estas políticas dependerá de la coordinación entre los gobiernos estatales y federales, así como de la superación de importantes obstáculos legales y logísticos.