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Trump ha señalado que podría utilizar al ejército estadounidense en su plan de deportación masiva.

Editores | 03/12/2024 16:52 | POLÍTICA Y ECONOMÍA
IMG The White House from Washington, DC

Entre los planes del presidente electo Donald Trump para implementar la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos, existe la promesa de utilizar a las fuerzas armadas como pieza central de esta estrategia. Trump señaló que declararía una emergencia nacional y movilizaría recursos militares para llevar a cabo deportaciones a gran escala, enfrentando desafíos logísticos, financieros y legales asociados con la medida, según CBS News.


Si bien la ley federal restringe el uso del ejército en actividades de aplicación de la ley a nivel nacional, Trump y sus aliados están considerando invocar la Ley de Insurrección de 1807, que permite excepciones en casos de "rebeliones" o crisis que dificultan la aplicación normal de la ley. La propuesta incluye el uso de transporte militar para trasladar a migrantes, la construcción de centros de detención temporal y apoyo operativo al Immigration and Customs Enforcement (ICE). Los expertos, sin embargo, advierten sobre los riesgos legales y políticos de la iniciativa, incluidas posibles violaciones de Posse Comitatus Act y el impacto en la confianza pública en las fuerzas armadas.


“Trump declaró una emergencia nacional en la frontera durante su primera administración después de que el Congreso se negara a financiar la construcción del muro fronterizo. Usó la declaración para desviar unilateralmente fondos del Pentágono para ampliar el muro fronterizo”, según CBS.


El costo estimado de la operación, que implica la deportación de 1 millón de personas por año, es de 88 mil millones de dólares anuales, superando los recursos disponibles en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. La viabilidad financiera y operativa, además de las cuestiones éticas y legales, hacen que la propuesta sea controvertida. Según la publicación, los críticos destacan el aumento de la polarización política y la posibilidad de impugnaciones legales, argumentando que la aplicación de la Ley de Insurrección en tales circunstancias carecería de precedentes y sería potencialmente ilegal.

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