Una de las primeras acciones posibles del presidente electo Donald Trump, si asume el cargo el 20 de enero de 2025, será revocar la prohibición del uso del término “extranjero ilegal” implementada por la administración Biden.

Los miembros del equipo de transición de Trump sobre cuestiones de seguridad nacional han discutido el regreso de esta terminología, argumentando que es un término legal neutral sin connotaciones raciales o culturales. Este enfoque contrasta con la decisión de la administración Biden, que, en 2021, ordenó a los empleados del Departamento de Seguridad Nacional utilizar términos como “no ciudadano” o “migrante” en lugar de “extranjero”, e “indocumentado” en lugar de “ilegal”, según la justificación de humanizar el trato a los inmigrantes.

La medida de la administración Biden generó resistencia de algunos sectores, como el exjefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Rodney Scott, quien, pese a no menoscabar los esfuerzos de su administración, expresó oficialmente su desacuerdo con la nueva terminología. La decisión de Biden también reflejó un impulso más amplio de los demócratas progresistas para eliminar el uso de términos considerados deshumanizantes, lo que se alinea con propuestas legislativas como la Ley de Corrección de Nombres Ofensivos, presentada por el representante Joaquín Castro, y la Ley de Ciudadanía Estadounidense, ambas sin aprobación en el Congreso.

La politización de este lenguaje, con el uso del término "ilegal" o "indocumentado" se ha revelado en el debate público, incluidos eventos importantes como el discurso del Estado de la Unión de Joe Biden. En este episodio, el presidente utilizó el término “ilegal” al referirse a un incidente que involucró a una estudiante asesinada por un inmigrante indocumentado, pero luego se retractó, reconociendo que debería haber usado una expresión diferente.

El regreso del término “extranjero ilegal” bajo la administración Trump señalaría no solo un cambio semántico, sino también un cambio político en el enfoque de la inmigración, priorizando una retórica más ultraconservadora y rígida, que sus aliados ven como una respuesta a la crisis migratoria en la frontera. Este cambio refleja un choque cultural y político más amplio sobre cómo se trata el tema de la inmigración en el discurso público y las políticas gubernamentales.