La crisis humanitaria y de seguridad que afecta a Haití es grave, especialmente en la ciudad de Cap-Haïtien, que actualmente alberga el único aeropuerto del país abierto a vuelos comerciales internacionales.

La ciudad enfrenta desafíos extremos, agravados por la violencia de las pandillas, el desplazamiento interno masivo y el colapso de la infraestructura. Según el Miami Herald, recientemente, un vuelo de deportación organizado por Estados Unidos llevó a 70 haitianos de regreso al país, lo que generó intensas críticas por parte de defensores de derechos humanos y autoridades locales, quienes argumentan que la situación en Haití no es capaz de soportar el regreso de migrantes en condiciones tan precarias.

La violencia de las pandillas en Haití es un elemento central de la crisis. En Puerto Príncipe, los ataques armados provocaron el cierre del aeropuerto principal y el aislamiento casi completo de la capital, donde sólo el 20% de las zonas son accesibles debido al dominio de las pandillas. Este escenario llevó a la ONU a alertar sobre una creciente catástrofe humanitaria, con más de 700.000 desplazados internos y niveles alarmantes de violencia sexual utilizada como arma de control. Al mismo tiempo, la infraestructura nacional se ve afectada por carreteras bloqueadas por pandillas y dañadas por deslizamientos de tierra, lo que agrava el aislamiento de varias regiones, según la publicación.

En Cap-Haïtien, la llegada de deportados de Estados Unidos y de inmigrantes expulsados ​​de la República Dominicana supone una carga aún mayor para una ciudad que ya está al borde del colapso. La alcaldesa Yvrose Pierre destacó que la ciudad no tiene los recursos para satisfacer las necesidades básicas de estos migrantes, que a menudo se enfrentan a la falta de alojamiento, alimentos y acceso a atención médica. También advirtió sobre la necesidad de asistencia financiera y declaró que el gobierno central debería ampliar el estado de emergencia más allá de Puerto Príncipe, considerando el aumento de la presión sobre Cap-Haïtien.

Mientras tanto, la política de deportaciones de Estados Unidos bajo la administración Biden ha generado controversia. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que está monitoreando la situación en Haití y siguiendo las leyes de inmigración, los críticos argumentan que estas acciones son insensibles a la crisis multifacética que enfrenta el país. Organizaciones como la ONU y Haitian Bridge Alliance califican las deportaciones como violaciones de derechos humanos, dado el nivel extremo de inseguridad y la incapacidad de Haití para absorber a estos individuos en medio del caos.

República Dominicana también juega un papel importante en la crisis migratoria, con la expulsión de casi 50.000 haitianos en apenas dos meses. Estos migrantes, a menudo en condiciones vulnerables y sin documentación, llegan a Haití en busca de ayuda que el país no puede ofrecer, empeorando la inestabilidad en regiones ya sobrecargadas.

El artículo destaca la falta de suficiente apoyo internacional para mitigar la crisis en Haití. Las agencias de la ONU enfrentan déficits de financiación, mientras que los trabajadores humanitarios tienen dificultades para acceder a las zonas afectadas. Expertos y líderes locales piden el cese inmediato de las deportaciones, argumentando que estas acciones sólo profundizan la catástrofe humanitaria y de derechos humanos. La situación en Cabo Haitiano, presentada como un microcosmos de la crisis nacional, refleja la urgencia de una intervención coordinada y sólida para evitar el colapso total del país.