El gobierno mexicano ha señalado mayor flexibilidad respecto a la recepción de migrantes no mexicanos deportados por Estados Unidos, reabriendo la posibilidad de aceptar a estas personas, postura adoptada ante algo que había sido cuestionado anteriormente.
Inicialmente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había señalado que presionaría al entonces presidente electo Donald Trump para que repatriara directamente a los migrantes a sus respectivos países de origen. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que, en los casos en que Estados Unidos no realice este trámite, México estaría dispuesto a colaborar a través de mecanismos que aún no han sido detallados, según un artículo de Associated Press. Existe la posibilidad de que esta colaboración sea selectiva, abarcando ciertas nacionalidades, o condicionada a compensaciones que ofrezca el gobierno estadounidense para que México pueda enviar a los deportados a sus países de origen.
Pese a la disposición de Sheinbaum a cooperar, dejó claro que México no avala este tipo de deportaciones. Aseguró también que, en caso de ocurrir, el país está preparado con un plan para recibir a los deportados de manera adecuada.
La promesa de Trump de reanudar las deportaciones en gran escala ha generado críticas y preocupaciones sobre los desafíos logísticos involucrados, dado el ya elevado número de deportaciones. De llevarse a cabo, estas deportaciones tendrán un impacto directo en las ciudades fronterizas del norte de México, donde hay una gran presencia de organizaciones criminales y donde los migrantes no mexicanos son particularmente vulnerables al secuestro y la extorsión. El problema ya se vivió durante el primer mandato de Trump, cuando miles de solicitantes de asilo se vieron obligados a permanecer en México mientras esperaban que sus solicitudes fueran procesadas en Estados Unidos. Además, durante la pandemia de COVID-19, muchos migrantes que ingresaron a Estados Unidos fueron devueltos a territorio mexicano bajo justificaciones de salud pública.
En diciembre, Sheinbaum dijo que tenía la intención de pedir a la administración Trump que deportara directamente a los migrantes a sus países de origen en lugar de enviarlos a México. Aunque ningún país, incluido México, está obligado a aceptar migrantes de otras nacionalidades, México ha acordado previamente colaborar en este sentido, especialmente con países como Cuba y Venezuela, que frecuentemente rechazan vuelos de deportación desde Estados Unidos pero son más receptivos. Los vuelos salen desde territorio mexicano. Esta prestación por parte de México, sin embargo, sufrió una interrupción temporal en diciembre de 2023 por falta de recursos financieros, y las deportaciones realizadas por el país disminuyeron considerablemente a lo largo de 2024, en comparación con años anteriores.
Además de manifestar esta nueva postura en
relación a los deportados, México ha mostrado interés en liderar una iniciativa
regional al proponer la realización de una reunión entre cancilleres de
distintos países de la región, con el objetivo de discutir el tema migratorio a
finales de este mes, según la publicación. Esta reunión podría ser un intento
de articular una respuesta conjunta y coordinada para abordar la cuestión
migratoria, que se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrentan
varios países de América Latina. De esta manera, México busca al mismo tiempo
preservar su estabilidad interna y desempeñar un papel diplomático más
destacado en la región.