La administración de Donald Trump anunció una derogación significativa de las políticas de inmigración que, hace más de una década, protegían ciertas áreas sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias, de acciones policiales. Este cambio, anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite a las autoridades migratorias actuar con mayor libertad, eliminando pautas establecidas en 2011 y 2013 por ICE (Immigration and Customs Enforcement) y CBP (Customs and Border Protection),, que tenían como objetivo garantizar que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a servicios esenciales sin temor a represalias. La administración justificó la medida afirmando que "los delincuentes ya no podrán esconderse" en esos lugares, pero también destacó confiar en el sentido común de los agentes a la hora de aplicarla, según informó Latin Times.

Además, la nueva política restablece la expulsión acelerada en todo Estados Unidos, permitiendo a ICE deportar a inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar dos años de residencia continua en Estados Unidos, sin necesidad de una audiencia judicial. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia para reprimir la inmigración, en un país donde se estima que alrededor de 11 millones de personas viven sin documentos. El zar fronterizo Tom Homan anunció que los agentes de ICE comenzarían las operaciones de inmediato, pero no se revelaron los lugares específicos de esas redadas.

Los defensores de los derechos humanos formularon fuertes críticas, quienes advirtieron sobre el impacto devastador de esta política en las comunidades de inmigrantes. El Center for Law and Social Policy ha destacado que el miedo a ser arrestado puede disuadir a las personas de buscar atención médica, asistir a la escuela o acceder a ayuda en casos de desastre, e incluso dañar a niños ciudadanos estadounidenses. Para las organizaciones de defensa, las medidas podrían provocar el colapso de los hogares y exponer a los niños a escenas traumáticas, como el arresto de sus padres.

Durante un servicio de oración, la obispo episcopal de Washington, Mariann Budde, pidió al presidente que reconsidere sus estrictas políticas y muestre más compasión por los grupos vulnerables. Trump, sin embargo, desestimó el sermón y dijo que no fue emocionante. En respuesta a la inminente intensificación de las deportaciones, activistas y expertos han compartido orientaciones en las redes sociales, como la importancia de conocer los derechos básicos, incluido no abrir puertas sin presentar una orden judicial válida de ICE.

Las acciones de la administración Trump podrían tener consecuencias globales, como lo muestra un estudio del International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). El informe sugiere que el aumento de las deportaciones en Estados Unidos podría conducir a una nueva ola de migración hacia Europa, empeorando los ya considerables desafíos que enfrentan los países de la Unión Europea en materia de migración y políticas fronterizas.

El cambio de postura del gobierno estadounidense indica un endurecimiento sustancial de su política de inmigración, generando profundas preocupaciones entre activistas, comunidades de inmigrantes y aliados internacionales, al tiempo que promueve un intenso debate sobre los límites del poder estatal y la protección de los derechos humanos.