Un tribunal federal de apelaciones declaró ilegal el viernes la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creando incertidumbre para más de medio millón de inmigrantes no autorizados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos confirmó el fallo de un tribunal inferior que encontró que la regulación de la administración Biden destinada a formalizar DACA violaba la ley de inmigración de Estados Unidos. Además, el memorando de 2012, que originalmente instituyó la política bajo la administración Obama, también fue declarado ilegal en fallos judiciales anteriores, según un artículo de CBS News.

A pesar de la decisión, la política no se detendrá de inmediato. El tribunal suspendió su orden, permitiendo que DACA continúe operando bajo las mismas reglas actuales: los beneficiarios ya registrados mantienen su estatus, pero los nuevos registros permanecen bloqueados. Desde su creación hace 12 años, el programa ha permitido que miles de jóvenes inmigrantes, conocidos como “Dreamers”, trabajen en Estados Unidos sin temor a ser deportados. Estos jóvenes, que llegaron al país de manera irregular o se quedaron fuera de sus visas cuando aún eran menores de edad, están asociados al Dream Act, una propuesta legislativa que intentó, sin éxito, ofrecerles la legalización.

La decisión del Quinto Circuito limitó el impacto inmediato de la medida al estado de Texas, que lideró el caso contra DACA, pero mantuvo las renovaciones para los beneficiarios actuales a la espera de decisiones futuras del propio tribunal o de la Corte Suprema. El tribunal también determinó que los aplazamientos de deportación, previstos por DACA, pueden ser tratados por separado de las autorizaciones de trabajo otorgadas a los participantes, lo que representa una victoria parcial para la administración Biden, según el artículo.

Actualmente, alrededor de 538 mil inmigrantes están registrados en el programa, según datos  de septiembre de 2024 del Servicio de Ciudadanía y Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Para calificar, los candidatos deben haber llegado al país antes de cumplir 16 años y antes de junio de 2007, haber completado la escuela secundaria o haber servido en las fuerzas armadas y no tener antecedentes penales graves.

Esta decisión judicial podría allanar el camino para que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie definitivamente sobre la legalidad de DACA. Sin embargo, el enfoque del caso por parte de la nueva administración Trump sigue sin estar claro. Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar el programa alegando su ilegalidad, pero fue bloqueado por la Corte Suprema en 2020 por problemas técnicos. Su nueva administración promete endurecer las políticas de inmigración, incluidas deportaciones masivas, mayor control fronterizo y restricciones a la entrada de inmigrantes y refugiados.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión como una victoria y destacó su intención de colaborar con la administración Trump para restaurar el “estado de derecho” y combatir la inmigración ilegal. Por otro lado, Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva del grupo United We Dream, condenó la decisión como un ataque a los jóvenes inmigrantes, reforzando la polarización sobre el tema.

La batalla legal sobre DACA sigue siendo un tema central en el debate político y social en Estados Unidos, lo que refleja el impasse entre las iniciativas para proteger a los inmigrantes y los esfuerzos para endurecer las leyes de inmigración.