En septiembre de 2026, el gobierno de Trump contrató a cuatro empresas privadas para localizar a inmigrantes deportados que, según la propia administración trumpista, adeudan al gobierno estadounidense cientos de millones de dólares en multas impagadas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) afirma que busca recuperar cerca de 423 millones de dólares en multas y tasas correspondientes a unos 70.000 inmigrantes ya deportados del país. Según el informe de la CBP, las empresas Global Recovery Group, The Baptiste Group, Caduceus Inc y Response AI Solutions fueron contratadas para trabajar durante dos años en la búsqueda de estos inmigrantes, con contratos que contemplan un valor máximo de hasta 9 millones de dólares cada uno.
La aplicación de estas sanciones se basa, en parte, en la ley de inmigración de 1996, que faculta al gobierno estadounidense para imponer multas a los individuos que se nieguen a abandonar EE. UU. tras recibir una orden de salida. Esta medida se utilizó raramente tras su creación, pero comenzó a aplicarse con mayor frecuencia después del primer gobierno de Trump y, principalmente, durante su segundo mandato. Desde principios de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha emitido más de 103.000 multas civiles, por un total superior a los 84.000 millones de dólares, según datos del Departamento deSeguridad Nacional (DHS).
Las cuatro empresas fueron contratadas por el gobierno de Trump para operar en tres países: México, Honduras y Guatemala. En estos lugares, los proveedores de servicios contratados verifican el domicilio de la persona buscada y solicitan una fotografía facial como prueba de que se ha entregado la notificación de la multa. Para llevar a cabo esta tarea, los contratistas recibieron autorización para fotografiar viviendas u obtener facturas de servicios públicos, registros laborales o documentos judiciales con el fin de localizar a los deportados y acreditar su capacidad de pago. A pesar de la reciente contratación para la búsqueda internacional de los llamados morosos en estos tres países, las cuatro empresas ya han prestado - o prestan actualmente - otros servicios al gobierno federal relacionados con las políticas de inmigración. Global Recovery Group y Response AI Solutions ya han localizado personas para el gobierno federal, identificando objetivos de interés para operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que Caduceus, Baptiste Group y, nuevamente, Response AI Solutions han realizado el servicio que el gobierno denomina "verificación de seguridad y bienestar" de niños migrantes que llegan no acompañados a las fronteras de EE. UU.
Según un informe de Bloomberg, algunos deportados en México están recibiendo notificaciones de cobro desde el extranjero. Como señala Juan Cuellar Torres, director de defensa de Kino Border Initiative - citado en la noticia -, ciudadanos mexicanos deportados este año ya estarían recibiendo cartas de cobro en sus nuevos domicilios. Los avisos advertían, presuntamente, que se podrían cobrar intereses y que las deudas impagas podrían tenerse en cuenta en futuros procesos migratorios en EE. UU. Por tanto, para aquellos deportados que posteriormente soliciten una visa estadounidense o un permiso para regresar, las deudas pendientes podrían convertirse en un obstáculo adicional para la inmigración.
De este modo, la agenda de políticas migratorias del segundo gobierno de Trump, además de reforzar sus aspectos de seguridad, busca ahora su sustento institucional a través de empresas contratadas que operan totalmente fuera del territorio estadounidense. Esto plantea un debate: ¿hasta qué punto puede el gobierno de EE. UU., mediante sus agentes transnacionales, actuar desafiando la soberanía de otros Estados?
