Una amplia coalición formada por 23 estados estadounidenses, además de la ciudad de Nueva York y diversos municipios, presentó demandas ante la justicia federal para frenar la aplicación de la controvertida norma de "Carga Pública" (Public Charge Rule). La ofensiva judicial argumenta que el Poder Ejecutivo excedió su autoridad constitucional e impuso costos desproporcionados a las redes locales de protección social.

La ofensiva legal se inició en el Tribunal Federal de Manhattan, liderada por estados gobernados por demócratas —entre ellos Nueva York, California e Illinois— y acompañada por una acción paralela emprendida por alcaldías y gobiernos locales. El objetivo de las demandas es la normativa impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que amplía sustancialmente los criterios que permiten a los agentes de inmigración denegar la residencia permanente (Green Card) a los inmigrantes que utilizan programas de asistencia estatal.

El eje central de la impugnación jurídica radica en la extralimitación de las competencias del Poder Legislativo. Según el texto de las demandas presentadas ante los tribunales, la administración federal excedió la autoridad otorgada por el Congreso de los Estados Unidos, órgano al que la Constitución reserva la prerrogativa exclusiva de establecer los requisitos y directrices para obtener la residencia en el país.

Históricamente, la norma de carga pública se aplicaba únicamente a individuos que dependían predominantemente del gobierno para su subsistencia económica directa. La nueva directriz, sin embargo, pasa a penalizar el uso legal de ayudas no monetarias esenciales, como programas de asistencia alimentaria y la atención médica gubernamental a través de Medicaid, extendiendo el escrutinio incluso a los beneficios recibidos por los familiares de los solicitantes.

La ​​fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a líderes municipales como el alcalde Zohran Mamdani, destacó uno de los aspectos más severos de la nueva directriz: la creciente inseguridad que afecta al núcleo familiar. Bajo la nueva interpretación, se puede denegar el visado de residencia a un inmigrante si sus hijos —incluso siendo ciudadanos estadounidenses de nacimiento— utilizan programas gubernamentales a los que tienen derecho legal, como planes de salud estatales o comidas escolares gratuitas. Según la coalición, esta exigencia “explota el miedo”, disuadiendo incluso a residentes en situación legal de buscar asistencia médica básica y nutrición esencial por temor a represaliasmigratorias.

En respuesta a las impugnaciones judiciales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó los argumentos y calificó de alarmistas las advertencias de la coalición demócrata. En un comunicado oficial, la agencia federal sostuvo que los llamados “estados santuario” temen, en realidad, perder la asignación de fondos federales, alegando que la norma busca únicamente garantizar el cumplimiento de la legislación que exige autosuficiencia financiera a los candidatos a la tarjeta de residencia (Green Card) e impedir una dependencia indebida de los sistemas de asistencia social del país.