La decisión dictada por la jueza Dolly M. Gee del Tribunal de los Estados Unidos del Distrito Central de California, pone de relieve la obligación del gobierno federal hacia los niños migrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos. La decisión es el resultado de una demanda colectiva presentada por abogados que representan a estos niños, argumentando que tienen derecho a un ambiente seguro y sanitario, incluso antes de ser procesados ​​formalmente, según un artículo del New York Times.

La orden judicial, que entra en vigor de inmediato, presiona a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. para que actúe rápidamente y albergue adecuadamente a estos niños. Ella destaca un acalorado debate político y cultural sobre los derechos de los migrantes, especialmente los niños, que cruzan la frontera sin autorización.

La situación empeora por la sobrecarga de los centros de procesamiento de inmigración en el sur del condado de San Diego, lo que deja a los inmigrantes esperando durante horas o incluso días en condiciones improvisadas al aire libre. La falta de alojamiento, alimentos y saneamiento en estos lugares plantea importantes preocupaciones de salud pública, especialmente para los niños no acompañados y las familias jóvenes.

La jueza Gee basó su decisión en la custodia legal de los niños por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a pesar de que aún no han sido detenidos formalmente. Destacó la responsabilidad del gobierno de garantizar el bienestar de estos niños, incluido el acceso a una atención médica adecuada.

“Durante los días calurosos del desierto, la deshidratación y la insolación se han convertido en problemas comunes, según los grupos de ayuda, y las temperaturas nocturnas, el viento y la lluvia crean condiciones propicias para la hipotermia. Los médicos están especialmente preocupados por estos elementos en el caso de los niños, ya que muchos tienen menos grasa corporal que los adultos y pueden estar desnutridos debido a sus viajes”.

Si bien la orden no establece un límite de tiempo específico sobre cuánto tiempo los niños pueden permanecer en los sitios, sí requiere que el Departamento de Seguridad Nacional procese rápidamente a los niños y los transfiera a instalaciones seguras y sanitarias.

Según el informe del Times, “los abogados de los niños argumentaron que deberían recibir alojamiento y servicios bajo un acuerdo de consentimiento de 1997 conocido como el acuerdo Flores, que establece estándares de tratamiento para los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno.

En contraste, el gobierno argumentó que no tenía obligación de brindar servicios a los niños mientras no estuvieran formalmente bajo custodia estadounidense, pero el fallo del tribunal destacó que el control de los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre los niños indicaba una forma de custodia legal.

Si bien la decisión reconoce las dificultades prácticas que enfrenta la agencia fronteriza, subraya la necesidad de procesar eficientemente a los niños y garantizar su bienestar durante el tiempo que estén bajo la custodia o influencia del gobierno federal.