La administración Biden ha comenzado a reabrir un programa de patrocinio de migrantes, suspendido a principios de 2023 debido a preocupaciones de fraude. El programa, que comenzó a finales de 2022 y se amplió en 2023, tenía como objetivo desviar a los migrantes de la frontera entre Estados Unidos y México, permitiendo que hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela volaran a Estados Unidos mensualmente, siempre que los patrocinadores estadounidenses se subscribisen para apoyarlos. Este programa, junto con una política de México para aceptar a ciudadanos de aquellos países que cruzan la frontera ilegalmente, ha reducido significativamente los cruces considerados ilegales.

En julio de 2023, el programa se suspendió debido a preocupaciones sobre fraude en las solicitudes de patrocinadores. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha revivido la iniciativa con nuevas medidas de seguridad, como exigir huellas dactilares y un examen más riguroso de los antecedentes penales y financieros de los patrocinadores. Además, los patrocinadores recurrentes serán vigilados más de cerca para evitar el abuso del sistema, según CBS News.

La política de patrocinio, conocida como CHNV (en referencia a las siglas de los cuatro países involucrados), es parte de la estrategia de la administración Biden para reducir la inmigración ilegal. Bajo esta política, más de 500.000 migrantes ya han llegado a Estados Unidos. La administración Biden también ha creado otras vías legales para ingresar a Estados Unidos, como una aplicación que facilita la programación para quienes esperan en México. Al mismo tiempo, aumentó las penas para quienes cruzaban la frontera ilegalmente y limitó el acceso al sistema de asilo entre los puntos de entrada oficiales.

La administración Biden justifica el programa CHNV por motivos humanitarios, debido a las crisis económicas y políticas de estos países, y afirma que la iniciativa sirve al interés público al reducir la inmigración ilegal ofreciendo alternativas legales. Sin embargo, el programa ha enfrentado la oposición de estados liderados por republicanos que lo consideran ilegal, argumentando que elude los límites impuestos por el Congreso a la inmigración. Sin embargo, un juez federal de Texas rechazó esa impugnación legal, diciendo que los estados no habían demostrado el daño causado por la política.