El programa “Keeping Families Together”, una política creada por la administración Biden que ofrecía a los inmigrantes indocumentados casados ​​con ciudadanos estadounidenses un camino hacia la legalización y la ciudadanía sin tener que salir de Estados Unidos, ha sido revocado. La decisión del juez federal J. Campbell Barker, designado por Donald Trump, declaró ilegal el programa, argumentando que violaba la ley de inmigración estadounidense.

El juez Barker del Tribunal de Distrito de Estados Unidos invalidó el programa, coincidiendo con una demanda presentada por estados liderados por republicanos, incluido Texas. La justificación es que la administración Biden se excedió en su autoridad al permitir que inmigrantes indocumentados en EE.UU. solicitaran parole y green cards sin salir del país, según una publicación de CBS News.

El programa había sido creado por la administración Biden para promover la unidad familiar y beneficiaría a inmigrantes indocumentados casados ​​con ciudadanos estadounidenses que hayan vivido en EE.UU. durante al menos 10 años y que no hayan cometido delitos graves. La política también permitiría a estos inmigrantes solicitar la residencia permanente (green card), y después de tres años, los titulares de green card casados ​​con ciudadanos estadounidenses podrían solicitar la ciudadanía.

Se estimó que alrededor de 500.000 inmigrantes podrían beneficiarse del programa y la administración Biden, en su defensa, argumentó que la política es esencial para evitar la separación de familias, especialmente en hogares de estatus mixto. Algunos críticos (principalmente republicanos), según la CBS, sostienen que la política equivale a una amnistía para los inmigrantes indocumentados, contrariamente a las leyes de inmigración actuales.

Esta decisión judicial se presenta como una derrota significativa para la agenda migratoria de Biden, además de señalar el potencial desmantelamiento de las políticas migratorias durante la próxima administración Trump, que ha prometido intensificar las deportaciones y militarizar la frontera.

El Departamento de Justicia puede apelar la decisión, pero el programa enfrenta incertidumbre ante el inminente cambio en la administración presidencial.

Según la ley actual, los inmigrantes casados ​​con ciudadanos estadounidenses pueden obtener tarjetas de residencia, pero “requiere que aquellos que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos abandonen el país y vuelvan a ingresar legalmente para ser elegibles para una tarjeta de residencia”, según la publicación. Sin embargo, salir de Estados Unidos después de vivir en el país ilegalmente durante algún tiempo puede resultar en un exilio de 3 o 10 años, lo que lleva a muchas familias a abstenerse de seguir esta opción.

La propuesta política de Biden que se está discutiendo utilizaría una medida llamada “libertad condicional” para cancelar la entrada ilegal y permitir que las personas permanezcan en el país. El juez concluyó que el gobierno no tenía la autoridad legal para conceder dicha libertad condicional masiva.

La Casa Blanca criticó la decisión, subrayando que amenaza la estabilidad de las familias estadounidenses y obliga a muchas personas a vivir con el temor constante de ser deportadas.

La derogación del programa “Keeping Families Together” es emblemática del debate político y legal en torno a la inmigración en Estados Unidos. Para los grupos de defensa de la comunidad de inmigrantes, la política sería una solución humanitaria para proteger a las familias y regularizar a los inmigrantes que ya han vivido en el país durante años.