Según un estudio del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, el 60,7% de los 38.863 inmigrantes actualmente detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos no tienen antecedentes penales. Entre las personas con antecedentes penales, muchas fueron arrestadas por infracciones menores, como infracciones detránsito. Este hallazgo pone en duda la narrativa de que el sistema de detención de ICE se centra en personas con antecedentes penales importantes.

El número de detenidos en las instalaciones de ICE ha aumentado, con un aumento de 1.500 personas en octubre en comparación con septiembre. La mayoría de estos detenidos se concentran en tres estados: Texas, Luisiana y California. El centro de detención más grande, en el condado de Adams, Mississippi, alberga un promedio diario de 2.067 personas. El análisis también apunta a un posible aumento en el número de detenidos, ya que Donald Trump pretende ampliar masivamente la capacidad de los centros de detención como parte de su política de deportación masiva. Ese plan incluiría duplicar las 41.000 camas actualmente disponibles y reabrir instalaciones cerradas. Se están considerando ubicaciones para nuevas instalaciones en grandes ciudades con altas poblaciones de inmigrantes, como Los Ángeles, Chicago y Miami.

En respuesta, grupos de defensa de los inmigrantes se han movilizado para presionar al actual presidente Joe Biden para que reduzca la capacidad de los centros de detención antes de la toma de posesión de Trump. La Detention Watch Network está liderando el llamado para que el gobierno otorgue libertad condicional humanitaria a inmigrantes vulnerables, como aquellos con problemas de salud física o mental, en espera de decisiones de los tribunales de inmigración. Según el Latin Times, la carta enviada por estos grupos enfatiza la urgencia de proteger los derechos y la dignidad de millones de personas frente a cambios inminentes.