La reciente decisión del juez federal Amir Ali representa un revés para la administración Trump, que había ordenado un abrupto congelamiento de 90 días de la ayuda exterior estadounidense. La medida fue considerada ilegal por varias organizaciones afectadas, incluidas empresas y ONGs que dependen de estos recursos. Según Ali, el gobierno no tuvo en cuenta los impactos devastadores de la decisión, que resultó en el cierre de empresas, despidos masivos y desperdicio de insumos esenciales, como alimentos y medicinas, según un artículo en Politico.

En la decisión, el juez argumentó que la administración Trump actuó de manera “arbitraria y caprichosa”, suspendiendo repentinamente la asistencia internacional sin una justificación plausible. Destacó que la revisión de los programas de ayuda no requiere necesariamente una suspensión total e inmediata de los contratos ya firmados. Por ello, ordenó suspender el congelamiento mientras continúa el litigio sobre el caso, según la publicación.

La orden judicial también impidió a asesores de Trump, como el secretario de Estado Marco Rubio y el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, implementar cancelaciones o interrupciones de contratos firmados antes de la toma de posesión del expresidente. Esta decisión interrumpió parte de una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en su primer día en el cargo.

La defensa del gobierno, representada por el Departamento de Justicia, argumentó que la decisión de congelar la ayuda exterior se tomó bajo autoridad presidencial y por lo tanto no debería estar sujeta a revisión judicial bajo la Ley de Procedimientos Administrativos (APA). Sin embargo, Ali rechazó este argumento, afirmando que tal interpretación permitiría reclasificar cualquier acción del gobierno como orden presidencial para escapar del control judicial.

Esta decisión de Ali es una entre otras que han bloqueado los intentos de Trump de reducir drásticamente la financiación de las agencias gubernamentales y los programas de asistencia. Otros jueces federales ya habían emitido órdenes similares, impidiendo la congelación del gasto en programas tanto nacionales como internacionales. Así, la sentencia refuerza la limitación del poder ejecutivo para implementar cambios significativos sin el apoyo del Congreso y sin considerar las consecuencias inmediatas de estas acciones.