I. INTRODUCCIÓN

Tras ser reelegido presidente de Estados Unidos en 2024, Donald Trump regresó con políticas migratorias aún más restrictivas que las de su mandato anterior. Su discurso de investidura, el conocido "Día de la Liberación", confirmó la intención del republicano de defender las fronteras estadounidenses como una de sus principales prioridades, mediante la deportación de extranjeros considerados "criminales" (https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/eleicoes-nos-eua-2024/leia-o-discurso-de-posse-de-donald-trump-na-integra/). En este sentido, la administración Trump ha instrumentalizado la política migratoria como un instrumento político central, utilizando medidas represivas (expansión de detenciones y deportaciones, endurecimiento de las normas de admisión y los controles fronterizos) y gestos simbólicos (retórica de seguridad, despliegue de fuerzas federales en ciudades con gobiernos locales disidentes) para moldear la percepción pública del orden y la amenaza. Estas prácticas tienen consecuencias directas para los derechos humanos: documentación reciente señala el daño persistente a niños separados de sus familias, prácticas de detención que violan las normas internacionales y el riesgo de normalizar las respuestas punitivas hacia las poblaciones vulnerables.

Las nuevas medidas de Trump perpetúan la represión estatal que utiliza el miedo y la seguridad como una forma de capital electoral, mientras que su retórica, amplificada por un discurso mediático polarizado, emplea términos como «invasión» y «amenaza», transformando a los inmigrantes, especialmente a los latinos, en una amenaza para los nacionales. De esta manera, sus discursos sensacionalistas sobre el peligro que representan los inmigrantes para la sociedad estadounidense sirven de base para justificar las duras acciones contra los extranjeros (documentados o indocumentados), además de exacerbar el miedo y la represión contra ellos.

Los hallazgos que aquí se presentan se basan en una investigación metodológica exploratoria, que utiliza como fundamento la interpretación de discursos oficiales, informes de derechos humanos, noticias recientes y datos de opinión pública. Así pues, esta investigación pretende contribuir al debate sobre los límites entre el poder político, la inmigración y los derechos humanos.

La hipótesis que se defiende es que la política migratoria contemporánea combina el cálculo electoral y la represión estatal; es decir, opera simultáneamente como un instrumento de coerción (medidas administrativas y policiales) y como capital político, movilizando el miedo, la inseguridad y una narrativa de amenaza para consolidar el apoyo electoral y deslegitimar a los adversarios políticos. La literatura sobre el vínculo entre inmigración, delincuencia y preferencia electoral corrobora que los marcos de seguridad pueden alterar las intenciones de voto y reforzar el apoyo al sector conservador, especialmente cuando van acompañados de acciones estatales visibles. La investigación propuesta combina: (1) el análisis crítico de discursos oficiales y declaraciones presidenciales para identificar marcos y recursos retóricos; (2) la revisión y triangulación de informes de organizaciones de derechos humanos (que documentan impactos concretos en individuos y familias); (3) la recopilación de noticias y documentación periodística para reconstruir cronologías y acciones del ejecutivo; y (4) el análisis de datos de opinión pública y estudios académicos que relacionan las actitudes sobre la inmigración con los comportamientos electorales. Este enfoque mixto permite articular evidencia cualitativa y cuantitativa para evaluar tanto los medios como los fines de la política migratoria como instrumento político y sus efectos sobre los derechos humanos.

En este sentido, el presente análisis busca analizar el impacto directo, tanto en los derechos humanos como en las comunidades latinas en Estados Unidos, de las políticas migratorias adoptadas por el gobierno actual. Más específicamente, buscamos comprender cómo Trump ha utilizado la política migratoria y de qué maneras se ha manifestado negativamente. Además, presentaremos las consecuencias actuales y potenciales de las acciones emprendidas en el ámbito de los derechos humanos.

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA ESTADOUNIDENSE

Al analizar históricamente las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense en materia de securitización de fronteras tras el 11 de septiembre, un hito en la transformación de la política migratoria en Estados Unidos. Tras el ataque, surgió la necesidad urgente de mejorar los controles de inmigración y seguridad, los cuales se reforzaron considerablemente durante el período de la Guerra contra el Terrorismo, mediante una mayor inversión en el ámbito de la securitización. Las tres principales entidades que recibieron dicho capital fueron: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable de la gestión de las fronteras; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de la aplicación de las leyes de inmigración; y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que analiza la ayuda migratoria.

En términos numéricos, estas inversiones fueron considerables. En la década de 2000, el presupuesto para las agencias de control migratorio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rondaba los 5000 millones de dólares. Para 2020, el presupuesto había superado los 25 mil millones de dólares y el número de empleados prácticamente se había triplicado. Un punto importante a destacar es el número de arrestos realizados por el ICE. Se requirió una capacidad cada vez mayor, alcanzando un estimado de cincuenta mil detenciones diarias en 2019. Además, al analizar la construcción de barreras fronterizas, se observa un aumento en la inversión de 92 millones de dólares en 2005 a 270 millones de dólares en 2006. Se promulgó la Ley del Cerco Seguro (Secure Fence Act) con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad en las fronteras, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado del control operativo de las fronteras, tenía como objetivo bloquear el ingreso de terroristas (https://www.migrationpolicy.org/article/two-decades-after-sept-11-immigration-national-security).

La primera administración de Donald Trump, que comenzó en 2017, ya mostraba signos de repulsión hacia los inmigrantes, por ejemplo, cuando declaró durante su campaña que construiría un muro entre Estados Unidos y México. Además, en 2018 se anunció la política de "tolerancia cero", que estipulaba que los migrantes sorprendidos intentando cruzar la frontera fuera de un punto oficial serían acusados ​​penalmente y detenidos en un centro hasta su evaluación. Esto se reflejó, especialmente, en la separación de varias familias, ya que los padres fueron detenidos en centros fronterizos, mientras que los niños solo podían ser alojados en albergues.

La política de tolerancia cero implementada por la administración Trump viola las responsabilidades internacionales de Estados Unidos en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Adicional. El artículo 31 de este tratado establece que los Estados Partes no castigarán a los refugiados por su entrada o permanencia irregular, siempre que provengan de regiones donde sus vidas o libertades estén amenazadas y se presenten sin demora ante las autoridades, ofreciendo justificaciones plausibles de su situación. (https://www.refugeesinternational.org/reports-briefs/the-trump-zero-tolerance-policy-a-cruel-approach-with-humane-and-viable-alternatives/). El republicano también intentó poner fin al programa de Deferred Action for Childhood Arrivals  (DACA), conocido por impedir la deportación de extranjeros que llegaron a Estados Unidos siendo niños pero que permanecen indocumentados. Sin embargo, la Corte Suprema suspendió esta medida. Por otro lado, el Temporary Protected Status (TPS) fue objeto de medidas migratorias más estrictas, ya que garantiza la residencia temporal y el permiso de trabajo a ciudadanos de países afectados por ciertos tipos de crisis; no obstante, el gobierno intentó revocar el estatus de más de 400.000 extranjeros, argumentando que las condiciones en esos países habían mejorado. Sin embargo, varias demandas suspendieron la decisión, alegando motivaciones políticas y falta de una evaluación técnica adecuada (https://edition.cnn.com/2020/06/18/politics/daca-immigration-supreme-court).

Finalmente, el programa “Quédate en México” (Protocolos de Protección de Migrantes – MPP), creado en 2019, tenía como objetivo obligar a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en México mientras sus solicitudes eran revisadas por tribunales estadounidenses. Designado como una medida cautelar contra la inmigración irregular, el proyecto resultó en el retorno de aproximadamente 68.000 personas a México, todas en condiciones precarias y sin garantías legales. Diversas organizaciones denunciaron violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo secuestros, violaciones y asesinatos en zonas de alto riesgo, así como la separación de familias (https://www.americanimmigrationcouncil.org/fact-sheet/migrant-protection-protocols/).

Bajo la administración actual, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido un objetivo central de las prácticas anti inmigratorias, con promesas de campaña que incluyen "la mayor operación de deportación de la historia de los Estados Unidos”. Ante esta situación, se llevaron a cabo varias reorganizaciones de cargos para que las vacantes fueran cubiertas por empleados actuales o jubilados del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que la otra mitad sería cubierta por agentes del ICE, en consonancia con las ambiciones de la nueva agenda política. Esta medida modificó los principales puestos responsables de la ejecución de los planes migratorios de línea dura del presidente y, en consecuencia, intensificó la vigilancia y el control, especialmente en los epicentros de la comunidad latina, lo que resultó en la deportación masiva de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, según Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca (https://apnews.com/article/immigration-border-patrol-ice-trump-deportation-69b599f8e7e7826f72b90068385a0047).

Sin embargo, en el ámbito electoral, la comunidad latina ha mostrado un apoyo cada vez menor al gobierno actual, como lo indica una encuesta realizada por el Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research, cuyo índice de aprobación se sitúa en descenso. Su índice de aprobación cayó del 44% al 25% en la segunda mitad del año, durante los primeros seis meses. Por lo tanto, la caída en su popularidad entre la comunidad migrante es un impacto directo de sus severas políticas antiinmigrantes, que han afectado a gran parte de sus simpatizantes latinos (https://www.theguardian.com/us-news/2025/oct/25/trump-hispanic-approval-rating).

En consecuencia, la reelección del actual presidente representa no solo la continuidad, sino también la radicalización de una agenda que comenzó en 2017 y cuyas raíces se remontan a la securitización posterior al 11-S. La inmigración, más que una cuestión de política pública, se ha consolidado como un instrumento de gobierno e identidad política, un elemento estructurador de la actual agenda republicana. 

3. LA AGENDA MIGRATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP (2025)

El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez. Como se mencionó anteriormente, parte de su discurso de investidura estuvo marcada por lo que se convertiría en el eje central de su política interna en los meses siguientes: la migración. Durante su discurso, el nuevo jefe de Estado utilizó el término "invasión" para expresar su postura respecto a los migrantes, afirmando que "en los últimos cuatro años, Estados Unidos ha sufrido una invasión a gran escala, sin precedentes" (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/securing-our-borders/).Se pudo apreciar que el enfoque principal de su discurso estaba dirigido a personas consideradas delincuentes, es decir, miembros de pandillas y facciones, traficantes y personas peligrosas, quienes serían los principales objetivos de los agentes del ICE. Sin embargo, a lo largo de las semanas, la aplicación de estas medidas ha adquirido diferentes proporciones, resultando en la detención de varios inmigrantes y, en algunos casos, incluso de ciudadanos estadounidenses. Estas acciones se han intensificado como parte de la reestructuración de las agencias civiles, especialmente del ICE, que está experimentando una importante expansión operativa. La institución ha recibido inversiones destinadas a transformarla en la mayor fuerza policial interna del país. El Departamento de Seguridad Nacional ha asignado aproximadamente 170 mil millones de dólares para contratar a 10,000 nuevos agentes del ICE (lo que eleva el total a 30,000), además de 8,500 agentes adicionales para la patrulla fronteriza. En comparación, el FBI cuenta con aproximadamente 23,700 empleados, de los cuales 10,000 son agentes especiales (https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/09/ice-immigration-police-trump-budget-bill).

Con la expansión de su estructura, el ICE ha ganado visibilidad debido al cambio en sus tácticas, que se han vuelto progresivamente más agresivas. El cambio de enfoque se ha observado desde el inicio del nuevo mandato de Trump. Uno de los cambios consiste en que la agencia ha participado en operaciones de deportación a gran escala en lugares previamente protegidos de la aplicación de las leyes de inmigración, como escuelas, iglesias y juzgados. Además, dada la creciente beligerancia del ICE, algunos registros recientes muestran a agentes federales usando máscaras durante arrestos y persecuciones de migrantes, algo que, históricamente, se reservaba únicamente para operaciones encubiertas o la captura de delincuentes altamente peligrosos, según señalan los expertos.

En este contexto, el gobierno de Trump reitera la retórica de criminalizar a los inmigrantes, legitimando así que los agentes adopten medidas agresivas contra las personas consideradas resistentes. Sin embargo, los registros muestran que, desde octubre de 2024 hasta finales de mayo de 2025, más del 75% de los detenidos no tenían antecedentes penales, salvo infracciones de inmigración o de tránsito (https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/mascaras-e-violencia-marcam-novos-metodos-de-agentes-de-imigracao-dos-eua/).

Paralelamente a la creciente indignación pública por las acciones del ICE, el gobierno de Trump está endureciendo las políticas migratorias y modificando los límites de los derechos individuales fundamentales, incluida la ciudadanía por nacimiento, vigente desde hace más de seis décadas. En la práctica, el gobierno ha solicitado a la Corte Suprema que revise la constitucionalidad del decreto presidencial que busca eliminar la ciudadanía automática otorgada a los hijos de padres indocumentados. Además, la misma orden presidencial suspende temporalmente el “Proyecto de Asistencia Internacional a Refugiados de Estados Unidos” (International Refugee Assistance Project), a partir del 27 de enero, “hasta que la admisión de refugiados adicionales se alinee con los intereses de Estados Unidos”, además de prohibir la concesión de asilo a personas que hayan llegado recientemente a la frontera sur (https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2025/01/21/decretos-de-trump-contra-imigracao-ocorrem-enquanto-eua-registram-menor-nivel-de-travessias-ilegais-em-4-anos-entenda.ghtml).

Siguiendo con la retórica política de presentar simbólicamente al inmigrante como una amenaza, el gobierno de Trump ha intensificado su campaña para movilizar a la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses, con el argumento de proteger a los funcionarios y edificios federales ante las manifestaciones contra las políticas migratorias de la Casa Blanca. Desde principios de mes, las tensiones se han intensificado en la ciudad, donde agentes de ICE han estado realizando operativos en barrios con una alta concentración de inmigrantes, principalmente latinos (https://www.dw.com/pt-br/trump-mobiliza-mais-tropas-da-guarda-nacional-contra-guerra-interna/a-74248712).

4 IMPLICACIONES PARA LOS DERECHOS HUMANOS

La expansión del aparato represivo en las acciones gubernamentales ha provocado diversas reacciones dentro y fuera de las instituciones estadounidenses. En este contexto, el 8 de septiembre de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó al gobierno a detener a inmigrantes que hablan inglés o español con acento, una medida que generó una fuerte oposición por parte de defensores de los derechos civiles. La jueza Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño, fue una de las voces que se opusieron a la decisión. En su voto, afirmó que «innumerables personas en Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, acento o tipo de trabajo», calificando la postura de la Corte como un «grave abuso» del uso de decisiones de emergencia (https://exame.com/mundo/suprema-corte-autoriza-governo-trump-a-prender-imigrantes). Según informes del caso, “personas de piel morena son abordadas o detenidas repentinamente por agentes federales no identificados, con demostraciones de fuerza, y obligadas a responder preguntas sobre su identidad y procedencia” (https://g1.globo.com/suprema-corte-libera-governo-trump-a-deter-imigrantes-que-falem-ingles-ou-espanhol-com-sotaque). Casos como estos afectan no solo a los extranjeros que cruzan la frontera ilegalmente, sino también a quienes recurren a los tribunales para permanecer en el país y terminan enfrentando todo el proceso durante meses, o incluso años, en prisión preventiva (https://noticias.uol.com.br/suprema-corte-dos-eua-examina-detencoes-prolongadas-de-imigrantes). 

Los efectos de este endurecimiento de las medidas no se limitan a las fronteras ni a los centros de detención; en las instituciones educativas, profesionales de la educación reportan un aumento en la deserción escolar entre los migrantes desde el incremento de las operaciones del ICE en sus comunidades (https://www.braziliantimes.com/destaque-1/aumento-das-operacoes-do-ice-nos-eua-gera-ansiedade-e-ausencias-escolares-entre-criancas-de-familias-imigrantes/).

Desde esta perspectiva, las nuevas políticas trumpistas implementadas generan un clima de inestabilidad y temor, lo que impide que los miembros de la comunidad latina realicen sus actividades, ya que muchos temen ser detenidos por sus características físicas, aun cuando gran parte de esta población se encuentra legalmente en el país. En este contexto, las cuestiones sobre la dignidad de los migrantes reflejan una preocupación real por los derechos de estas personas en Estados Unidos. Por lo tanto, para analizar el contexto de los latinos en su conjunto, es fundamental considerar los efectos que enfrentan en esta realidad.

Es un hecho que existe un agravamiento de las violaciones de derechos humanos en el sistema migratorio de Estados Unidos, tal como lo denunció una coalición de organizaciones de defensa de los inmigrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (https://www.refugeesinternational.org/statements-and-news/immigrants-rights-organizations-submit-report-to-inter-american-commission-on-human-rights-documenting-escalating-abuses-by-u-s-government/). A partir de una audiencia pública celebrada este año, los grupos presentaron un informe complementario que describe prácticas sistemáticas de represión, desapariciones forzadas y detenciones prolongadas, las cuales generan graves consecuencias físicas y psicológicas para solicitantes de asilo, personas con estatus legal en Estados Unidos e incluso ciudadanos estadounidenses de origen inmigrante. El documento indica que mecanismos fundamentales de protección humanitaria, como el debido proceso, el derecho de asilo y la garantía de no devolución a lugares de riesgo, se han interpretado de manera restrictiva, lo que ha derivado en deportaciones aceleradas, represión policial y la separación de niños de sus familias.

La coalición destaca que el núcleo de las quejas reside en la contradicción entre el derecho internacional de los derechos humanos, del cual Estados Unidos es signatario, y la aplicación de políticas basadas en la disuasión y la privación de libertad. Los grupos también señalan que las condiciones en los centros de detención violan las normas mínimas de seguridad, salud e integridad personal, contraviniendo las normas establecidas en tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Más allá de las violaciones materiales, el informe (https://humanrightsfirst.org/library/report-to-inter-american-commission-on-human-rights-in-follow-up-to-july-24-2025-public-hearing-human-rights-situation-of-migrants-refugees-and-asylum-seekers/) sugiere la existencia de mecanismos institucionales destinados a la opacidad, el debilitamiento de la supervisión y la prevención del monitoreo independiente, que afectan a las organizaciones sociales, a los periodistas y a las instancias de control democrático.

5. EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y COMUNITARIOS

Con las políticas de represión contra los inmigrantes, el caso de Springfield, Ohio (https://www.theguardian.com/us-news/2025/oct/28/springfield-ohio-economy-haitians-trump-immigration) es representativo del impacto socioeconómico en lugares con alta concentración de población inmigrante. En los últimos años, la ciudad ha recibido un número significativo de inmigrantes, incluyendo latinos. Esta población se caracteriza por trabajadores locales y emprendedores que han abierto pequeños negocios, generando empleos y atrayendo consumidores, convirtiéndose en un pilar fundamental de la economía local.

A raíz de la retórica empleada por Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024, especialmente la falsa acusación de que los inmigrantes "comían animales domésticos", esta realidad cambió. Lo que podría haber parecido simplemente retórica agresiva se transformó en miedo y amenazas locales. Las familias se sentían inseguras.

Como informó The Guardian (2025), el resultado fue una especie de éxodo de trabajadores (principalmente haitianos) que huyeron de Springfield por temor a su seguridad. Este éxodo generó un doble costo: escasez de mano de obra, que perjudicó a los negocios locales, y el colapso de los negocios latinos, que perdieron su clientela. Lo que había sido una historia de crecimiento se volvió inviable, obligando a muchos negocios a cerrar. Este escenario demuestra cómo la politización agresiva y la desinformación, utilizadas para justificar políticas represivas, causan un daño económico inmediato y tangible a las diversas comunidades inmigrantes en las ciudades estadounidenses, como en el caso de Springfield, Ohio.

5.1 Desintegración familiar y comunitaria: efectos psicológicos y sociales de la inestabilidad migratoria

La política migratoria de Donald Trump se infiltró en la vida cotidiana de las comunidades, generando una profunda inestabilidad psicológica y social. La agresiva estrategia de control migratorio, validada por las afirmaciones de "inmunidad" para los agentes del ICE (https://time.com/7329034/stephen-miller-ice-immunity-pritzker), fomentó un clima generalizado de temor.

La principal táctica documentada de desintegración familiar es la «desaparición de inmigrantes» bajo custodia prolongada y sin comunicación, una práctica que, según informes, afectó a más de 1000 personas en un solo centro de detención, de acuerdo con el informe presentado por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionado anteriormente. Esta inestabilidad se vio exacerbada por lo que la American Civil Liberties Union (ACLU) (https://www.aclu.org/news/immigrants-rights/trump-is-weaponizing-the-uscis-for-the-first-time-in-the-agencys-history) califica como la «weaponization» (uso como arma) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), lo que provocó que los inmigrantes temieran buscar vías legales por miedo a la deportación. Así, este clima de inseguridad, donde cualquier interacción con el Estado puede significar detención o separación familiar, debilita a la sociedad y desestabiliza comunidades enteras.

5.2 Tensiones federales: conflictos entre ciudades santuario y políticas federales de deportación

La intensificación de las políticas de deportación de Trump generó un fuerte conflicto federal, poniendo al gobierno federal en una situación de confrontación directa con cientos de "ciudades santuario". Estas jurisdicciones locales adoptan políticas que limitan la cooperación de sus fuerzas policiales con agencias federales, como el ICE, y a menudo se niegan a cumplir con las solicitudes de detención.

El gobierno respondió a la resistencia local con una sólida centralización de la autoridad federal. La primera estrategia fue la centralización de la aplicación de la ley: la reestructuración de la dirección del ICE (https://apnews.com/article/69b599f8e7e7826f72b90068385a0047) fue una maniobra estratégica para garantizar que las oficinas locales siguieran las prioridades de deportación de Washington, ignorando las políticas de santuario. La segunda fue la expansión de la autoridad federal: el gobierno insistió en que el control migratorio es exclusivamente federal, institucionalizando términos como "alien" para justificar la deportación de cualquier persona que no fuera ciudadana, independientemente de las objeciones locales.

En resumen, el análisis de los efectos socioeconómicos y comunitarios revela cómo la política migratoria de la Administración Trump operó sistemáticamente para desestabilizar la vida local estadounidense. Esta desestabilización fue un componente esencial de la estrategia política, concebida para convertirse en capital electoral, tema de la siguiente sección.

6. ESTRATEGIA POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA

La transición de la política migratoria del ámbito de la aplicación de la ley al ámbito electoral revela la instrumentalización intencional de la inmigración. La crisis comunitaria y los conflictos federales sirvieron de telón de fondo para el eje central de la estrategia electoral de Trump.

El uso político de la inmigración se ha basado en movilizar el miedo y explotar una noción restrictiva y excluyente de identidad nacional, lo que ha llevado a que la inmigración irregular se presente en el discurso como una "crisis" y, a menudo, como una "invasión" que corroe el país. Esta retórica agresiva y las políticas represivas han tenido un gran impacto en la opinión pública. El miedo movilizado se ha traducido en apoyo, como lo demuestran las encuestas que indican que un segmento creciente de estadounidenses deseaba la deportación de los inmigrantes indocumentados (https://nypost.com/2025/10/28/us-news/even-democrats-support-one-part-of-trumps-deportation-plan-poll).

Según una investigación recopilada por el agregador RealClear Politics (https://www.realclearpolling.com/polls/approval/donald-trump/issues/immigratio), la política migratoria es el tema público mejor valorado de la actual administración presidencial estadounidense, con un índice de aprobación neto de 1,4 puntos porcentuales, superior a la percepción sobre política exterior, inflación, economía y la gestión de la guerra en Ucrania. Datos complementarios recopilados por la firma JL Partners, con sede en Washington, revelan una tendencia mayoritaria a favor de medidas más estrictas: el 69% de los encuestados apoya la deportación de inmigrantes indocumentados que han cometido otros delitos, una postura compartida incluso por el 58% de los encuestados identificados con el Partido Demócrata. La investigación también indica que solo el 13% rechaza la expulsión de personas condenadas por delitos, mientras que la mitad de los participantes declara su apoyo a la deportación generalizada de todos los inmigrantes sin estatus legal, frente al 27% que se opone a esta propuesta. Estos resultados sugieren un entorno político delicado, en el que las percepciones de seguridad y legalidad influyen en el apoyo público a políticas migratorias más estrictas, incluso entre sectores tradicionalmente alineados con plataformas proinmigración. El éxito de esta movilización puede estar relacionado con la capacidad del gobierno para transformar la seguridad fronteriza en un símbolo de identidad nacional. Así, la política migratoria fue una herramienta electoral clave, utilizada para dinamizar la base de apoyo reafirmando una identidad cultural y nacionalista supuestamente en riesgo.

Si bien la retórica antiinmigración fue intensa, la estrategia política de Trump explotó la compleja polarización y las divisiones internas dentro del electorado latino, que no constituye un bloque monolítico. Un estudio del Pew Research Center (2025) demuestra una marcada polarización: mientras que los votantes de primera generación tienden a rechazar las políticas de línea dura, los latinos de segunda y tercera generación muestran una mayor apertura a posturas conservadoras, priorizando la economía y la seguridad.

La retórica de "ley y orden" y nacionalismo atrajo con éxito a sectores conservadores dentro de la comunidad, como los cubanoamericanos y venezolanoamericanos en ciertas regiones, quienes ven las políticas de Trump como un contraste directo con los regímenes autoritarios o socialistas de sus países de origen. Por lo tanto, la estrategia no buscaba obtener el voto mayoritario latino, sino explotar estas fisuras, convirtiendo las divisiones internas y las inquietudes de este electorado en recursos electorales para el proyecto político (https://www.pewresearch.org/politics).

6.1 El encuadre mediático: El papel de Fox News, las redes sociales y la construcción de una «crisis migratoria» como espectáculo político.

Para validar y amplificar su estrategia de movilización política, la Administración Trump dependió crucialmente del encuadre mediático de la inmigración. El éxito en convertir el miedo y las divisiones internas en apoyo electoral requirió la construcción de una «crisis migratoria» espectacularizada y continua. Esta construcción se vio facilitada por medios de comunicación afines y el uso masivo de las redes sociales, que amplificaron la narrativa del colapso de las fronteras. El punto álgido de esta espectacularización se observa en lo que la ACLU (2025) clasificó como la «weaponization» del USCIS, una acción extrema que garantizó titulares y validó la percepción de una amenaza existencial.

El encuadre mediático cumplió dos propósitos cruciales: la justificación de las políticas, proporcionando una base para medidas coercitivas severas, y el mantenimiento de la polarización, asegurando que la inmigración siguiera siendo el tema central de la agenda. Al transformar la inmigración en un espectáculo político, el gobierno se aseguró de que el miedo y la identidad nacional fueran los principales recursos electorales. Así, la administración Trump utilizó la inmigración como herramienta de ingeniería política, y no solo como política gubernamental. La estrategia fue diversa: movilizó el temor a la identidad nacional, capitalizó las divisiones en el voto latino y consolidó su narrativa mediante una agresiva manipulación mediática. Esta coordinación demuestra el uso del tema migratorio para asegurar la movilización de la base electoral y reconfigurar el panorama político (https://www.aclu.org/news/immigrants-rights/trump-is-weaponizing-the-uscis-for-the-first-time-in-the-agencys-history).

7. DIMENSIONES INTERNACIONALES Y ÉTICAS

La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, particularmente en el eje México-Guatemala-Haití, se ha caracterizado por priorizar el control migratorio como instrumento diplomático. Desde 2019, Washington ha intensificado los acuerdos de “responsabilidad compartida”, en los que los países de tránsito asumen funciones de contención migratoria a cambio de cooperación económica y beneficios diplomáticos. El pacto firmado con México durante la administración Trump, mantenido parcialmente durante los primeros años de la administración Biden, ejemplifica este enfoque: mediante el programa de “Migrant Protection Protocols” (MPP) y operativos de la Guardia Nacional mexicana en el sur del país, el gobierno mexicano trabajó para reducir la entrada de migrantes por la frontera norte (https://www.cbp.gov/document/guidance/migrant-protection-protocols).

Guatemala se convirtió en un actor clave al aceptar, en 2019, el Acuerdo de Tercer País Seguro, que permitió a Estados Unidos deportar a solicitantes de asilo que transitaban por su territorio, incluso ante las críticas de organizaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos y la falta de capacidad institucional de Guatemala. Además, las presiones económicas y la amenaza de sanciones han reforzado la dependencia diplomática entre Guatemala y Washington, lo que demuestra el uso estratégico de incentivos financieros para contener el desplazamiento transfronterizo (https://www.hrw.org/report/2020/05/19/deportation-layover/failure-protection-under-us-guatemala-asylum-cooperative?utm_source=chatgpt.com).

Haití representa otra dimensión del problema: la profunda crisis política y humanitaria ha intensificado los flujos migratorios, lo que ha llevado a Estados Unidos a adoptar políticas de deportación acelerada y aumento de vuelos de repatriación, una medida criticada por los organismos de la ONU por violar los principios de protección humanitaria (https://help.unhcr.org/usa/country-resources/unhcr-resources-on-the-conditions-in-haiti/). Si bien Estados Unidos ha anunciado programas de entrada humanitaria limitados, el número de personas beneficiarias es significativamente menor que el número de deportados, lo que demuestra una lógica disuasoria.

Estas políticas refuerzan las tensiones diplomáticas regionales, ya que los países de tránsito, especialmente México y Guatemala, comienzan a utilizar el control migratorio como moneda de cambio en las negociaciones comerciales y de seguridad. El resultado es una creciente externalización de las fronteras estadounidenses, trasladando la contención al interior de América Latina y generando amplias repercusiones sociales, como la detención prolongada de migrantes y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las rutas que atraviesan el Caribe y Centroamérica.

7.1 Marcos internacionales de derechos humanos: conflictos con los tratados de la ONU y críticas de la ACLU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional

Los marcos internacionales de derechos humanos, consolidados especialmente después de 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente con los Pactos Internacionales de 1966 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCP– y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC), establecieron obligaciones jurídicas para los Estados en la protección de la dignidad humana. Estos instrumentos, junto con convenciones temáticas como la Convención contra la Tortura (1984) y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados constituyen el núcleo del régimen internacional de garantías fundamentales, supervisado por organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Sin embargo, organizaciones de monitoreo —entre ellas la ACLU, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional— sostienen que varios Estados violan estos marcos o reinterpretan sus disposiciones para eludir sus responsabilidades internacionales. La ACLU (https://www.aclu.org/news/immigrants-rights/family-separation-by-the-number), por ejemplo, denuncia que las medidas de seguridad e inmigración adoptadas por gobiernos como el de Estados Unidos generan detenciones arbitrarias, separaciones familiares y deportaciones sumarias, en violación del principio de no devolución previsto en la Convención de 1951 y reafirmado por el ACNUR (ACLU, 2021; ACNUR, 2017). Human Rights Watch también destaca los conflictos entre las leyes nacionales y las obligaciones de los tratados de la ONU, especialmente en lo que respecta al uso excesivo de la fuerza, la vigilancia estatal y la criminalización de migrantes y defensores de los derechos humanos. Informes recientes documentan que las políticas fronterizas y el encarcelamiento masivo violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las "Reglas Mandela" (non-refoulement) (https://www.hrw.org/united-states/immigration). Amnistía Internacional subraya que varios países ratifican tratados universales, pero aplican legislación nacional que niega garantías básicas como el acceso al asilo, la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Para la organización, se trata de un fenómeno de "ratificación simbólica", en el que los Estados participan en el sistema internacional, pero ignoran la aplicación práctica de las normas (https://www.amnesty.org/en/latest/research/).

Así pues, si bien los marcos internacionales de derechos humanos gozan de gran legitimidad y un amplio cumplimiento formal, organizaciones independientes demuestran que los conflictos entre los tratados de la ONU y las políticas nacionales revelan limitaciones del sistema: ausencia de mecanismos coercitivos, selectividad política y resistencia estatal a la supervisión internacional. El resultado es un escenario en el que importantes logros normativos coexisten con violaciones recurrentes, lo que pone de manifiesto la tensión entre la soberanía nacional y la universalidad de los derechos humanos.

No campo institucional, podemos destacar a existência de tensões entre o Executivo e autoridades estaduais e federais, além de questionamentos judiciais sobre a constitucionalidade de operações migratórias conduzidas sem mandado, e da cooperação entre agências policiais e o ICE para prisões em massa. Organizações como a Amnesty International observam que o discurso oficial tem contribuído para reforçar estigmas contra migrantes, fenômeno associado ao crescimento de atos de violência e hostilidade registrados por centros de monitoramento de crimes motivados por xenofobia.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Varias organizaciones de derechos humanos han señalado que el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha tenido importantes repercusiones negativas tanto a nivel nacional como internacional. Como se mencionó, informes de entidades como Human Rights Watch, la ACLU y Amnistía Internacional indican retrocesos normativos e institucionales en áreas sensibles, como los derechos de las mujeres y la salud reproductiva, la protección de migrantes y solicitantes de asilo, los derechos de las personas LGBTQIA+ y la protección del medio ambiente (https://www.hrw.org/tag/the-trump-administration-and-human-rights)

Según estos estudios, la administración actual ha profundizado tendencias ya observadas durante su primer mandato, como la adopción de medidas consideradas incompatibles con las garantías constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Entre los puntos más destacados se encuentran el endurecimiento de las políticas migratorias, caracterizado por detenciones masivas, deportaciones aceleradas y denuncias de violaciones al debido proceso, así como una mayor intervención estatal en protestas y operativos policiales a gran escala.

En el ámbito internacional, los análisis sugieren que los recortes sustanciales en la ayuda exterior, especialmente en programas centrados en los derechos humanos, se combinan con un acercamiento político y diplomático a gobiernos acusados ​​de prácticas autoritarias. Para varios analistas y observadores internacionales, esta postura contribuye a debilitar los mecanismos multilaterales de protección y a promover un entorno más permisivo para las violaciones. Si bien las interpretaciones varían según la orientación de las fuentes consultadas, existe consenso en algunas publicaciones especializadas en que las políticas actuales tienen repercusiones significativas en las garantías individuales, el funcionamiento democrático y la credibilidad internacional de Estados Unidos en materia de derechos humanos.

En el ámbito institucional, cabe destacar la existencia de tensiones entre el Poder Ejecutivo y las autoridades estatales y federales, así como los desafíos judiciales a la constitucionalidad de las operaciones migratorias sin orden judicial y la cooperación entre las fuerzas policiales y el ICE para realizar detenciones masivas. Organizaciones como Amnistía Internacional observan que el discurso oficial ha contribuido a reforzar los estigmas contra los migrantes, un fenómeno asociado al aumento de los actos de violencia y hostilidad registrados por centros que monitorean los delitos motivados por la xenofobia.

En el ámbito social y político, una investigación del Pew Research Center (https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/04/30/latinos-worry-more-than-other-us-adults-about-deportations/) revela que la retórica antiinmigración intensifica la polarización y genera percepciones deshumanizantes de los inmigrantes, a quienes a menudo se les presenta como una amenaza criminal o económica. Sin embargo, el mismo instituto muestra que sectores de la sociedad civil organizada, incluyendo redes de abogados, universidades y organizaciones religiosas, han ampliado sus esfuerzos en litigios y asistencia humanitaria, buscando frenar las violaciones y presionando al poder judicial para que detenga las políticas consideradas inconstitucionales.

Entre las comunidades latinas, la investigación ha demostrado el efecto electoral ambivalente: algunos votantes conservadores apoyan fronteras más estrictas, pero la mayoría rechaza la detención de familias, las deportaciones aceleradas y la separación de padres e hijos, elementos que aumentan el costo político de la agenda migratoria y pueden influir en el comportamiento electoral en estados clave. Así pues, las fuentes analizadas coinciden en la interpretación de que la política migratoria de Trump II profundiza la securitización a expensas de las garantías humanitarias, generando efectos institucionales, como la judicialización constante, y efectos sociales, como la intensificación de la polarización y la estigmatización de los inmigrantes. La reacción simultánea del sistema judicial y la sociedad civil demuestra que el tema sigue siendo fundamental para la democracia estadounidense y la política electoral contemporánea.

Esto constituye una denuncia de un proceso de erosión de las garantías legales en materia de inmigración en Estados Unidos, con efectos transfronterizos e impactos humanitarios directos sobre las poblaciones desplazadas. Al mismo tiempo, subraya la expectativa de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplíe la investigación y presione al Estado para que restablezca estándares mínimos de protección, demostrando cómo el sistema interamericano se erige como un mecanismo de resistencia institucional frente a prácticas estatales incompatibles con el régimen internacional de derechos humanos.

REFERENCIAS

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