A medida que la administración Trump intensifica su política de deportaciones masivas, crece la preocupación por el aumento de errores en las acciones de aplicación de la ley migratoria, que han afectado no sólo a inmigrantes, sino también a ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos.

Una encuesta reciente del Washington Post reveló que al menos siete ciudadanos estadounidenses han sido detenidos ilegalmente por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) desde el inicio del nuevo mandato de Trump en enero. Estos casos se suman a una historia más amplia: investigaciones anteriores muestran que miles de ciudadanos han sido arrestados, detenidos o incluso deportados desde que se creó la agencia en 2003.

Según una publicación de Immigration Impact, un estudio de 2011 mostró que ICE mantuvo bajo custodia a aproximadamente 20.000 ciudadanos estadounidenses entre 2003 y 2011. Más recientemente, un informe del Government Accountability Office (GAO) indicó que, entre 2015 y 2020, 70 posibles ciudadanos estadounidenses fueron deportados, a pesar de que es ilegal deportar a ciudadanos del país. En total, durante este periodo, 674 potenciales ciudadanos fueron arrestados, 121 detenidos y 70 deportados, aunque las propias agencias federales admiten que las cifras reales podrían ser aún mayores debido a la falta de registros precisos.

Se dice que el problema está relacionado, en parte, con fallas estructurales del ICE, como el entrenamiento inconsistente de los agentes y lagunas en los sistemas de datos. Si bien la política oficial de la agencia exige que las presuntas personas de nacionalidad estadounidense se revisen con supervisión, los materiales de capacitación indican que los agentes pueden realizar entrevistas solos, lo que deja lugar a decisiones equivocadas. Además, los sistemas de bases de datos de la agencia no requieren la actualización automática del estado de ciudadanía, lo que dificulta el seguimiento de errores y facilita más arrestos injustificados.

Las fallas del sistema también revelan un sesgo racial persistente. Según la publicación, los estudios muestran que tanto ICE como CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) tienen un historial de discriminación racial, lo que significa que las personas no blancas son objeto con mayor frecuencia de acercamientos y arrestos injustificados. Esto exacerba el impacto de políticas de inmigración más agresivas, particularmente para las comunidades negras y latinas.

Casos como el de Davino Watson, ciudadano estadounidense detenido durante tres años sin abogado en un centro de detención de Alabama, ilustran las dramáticas consecuencias de estos fracasos. A pesar de haber demostrado su ciudadanía, Watson no recibió ninguna compensación, pues el tribunal entendió que el plazo para reclamarla había expirado. Su experiencia, aunque extrema, no es aislada y expone la vulnerabilidad de la ciudadanía ante un sistema que, según los expertos, necesita urgentemente reformas para evitar nuevos errores e injusticias. Mientras tanto, con el endurecimiento de la política migratoria, aumenta el riesgo de que más ciudadanos se vean privados indebidamente de su libertad o incluso expulsados ​​de su propio país.