La administración Trump solicitó el jueves (08) a la Corte Suprema de Estados Unidos autorización para revocar el estatus legal temporal otorgado a más de medio millón de inmigrantes bajo la administración Biden.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, busca poner fin al programa que permitió a 532.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar legalmente en el país por hasta dos años. La medida enfrenta resistencia legal: la jueza federal Indira Talwani de Massachusetts dictaminó que el gobierno no puede cancelar el estatus de cada inmigrante sin un análisis individualizado. En respuesta, el Fiscal General D. John Sauer criticó la decisión, argumentando que revoca una de las políticas de inmigración más importantes de la administración Trump. Sauer argumentó que ni Talwani ni otros jueces federales tendrían jurisdicción para decidir sobre el asunto, alegando que, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Secretaria Noem tiene amplia discreción para definir tales cuestiones y que la legislación impide la revisión judicial de estas decisiones, según un artículo de NBC News.

El caso se suma a otras disputas migratorias llevadas por la administración Trump a la Corte Suprema, luego de decisiones adversas en tribunales inferiores. Mientras tanto, un caso similar que implica un intento de revocar el estatus de protección temporal de otro grupo de venezolanos también está a la espera de sentencia en el máximo tribunal del país.