El expresidente Donald Trump ha vuelto a defender públicamente su propuesta de acelerar las deportaciones masivas, incluso si eso supone renunciar a garantías constitucionales básicas. En una entrevista con Meet the Press de NBC News, cuestionó si los inmigrantes tendrían derecho al debido proceso garantizado por la Constitución de los Estados Unidos, dejando abierta su voluntad de eludir lo que él considera obstáculos judiciales a su política de inmigración.

La declaración de Trump se produce en medio de su intento de cumplir su promesa de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Para hacer posible este objetivo, su gobierno ha presionado a los tribunales para que permitan expulsiones inmediatas, incluso de presuntos miembros de la pandilla venezolana “Tren de Aragua”, sin posibilidad de defenderse ante un juez. Aunque la Corte Suprema ya ha reafirmado el derecho al debido proceso incluso para los no ciudadanos, Trump sugiere que tales garantías podrían retrasar su agenda, citando la necesidad de “millones de juicios” para lidiar con el volumen de inmigrantes que serán expulsados.

Durante la entrevista, Trump argumentó repetidamente que estaba actuando bajo la guía de sus abogados, evitando comprometerse directamente con los límites legales de sus acciones. Esta postura contrasta con la posición del Secretario de Estado Marco Rubio, quien había declarado que todos los individuos en suelo estadounidense tienen derecho al debido proceso. Cuando se le preguntó sobre la Constitución, Trump respondió ambiguamente: “No lo sé”, reafirmando que confía en sus abogados para interpretar la ley.

La administración Trump también ha intentado explotar lagunas legales para acelerar las deportaciones, incluido el uso sin precedentes de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que históricamente sólo se ha aplicado en tiempos de guerra. Esta estrategia, sin embargo, enfrenta resistencia en los tribunales. En una decisión histórica, la Corte Suprema bloqueó la deportación sumaria de hombres acusados ​​de pertenecer al “Tren de Aragua”, exigiendo que se les dé la oportunidad de impugnar las acusaciones.

Otro caso que expuso las fallas del sistema ocurrió con Kilmar Abrego García, un salvadoreño residente en Maryland, quien fue deportado bajo cargos de pertenencia a la pandilla MS-13, a pesar de una orden judicial en sentido contrario. La Corte Suprema ordenó su regreso a Estados Unidos, pero el gobierno dijo que no tenía forma de obligar a El Salvador a aceptar su repatriación. Trump, cuando se le preguntó sobre el caso, desvió la responsabilidad al fiscal general, declarando que correspondía al Departamento de Justicia resolver la situación.

La entrevista también abordó el impacto de la política migratoria sobre los ciudadanos y residentes legales, tras informes de detenciones erróneas durante su administración. Trump minimizó los riesgos, negó la necesidad de que los residentes legales porten documentación migratoria y redirigió el debate a los delitos cometidos por inmigrantes.

Además de la inmigración, Trump aprovechó la conversación para comentar su amenaza de retirar el estatus de exención de impuestos a la Universidad de Harvard, acusando a la institución de no combatir el antisemitismo. Aunque la ley federal prohíbe al presidente ordenar al IRS que tome medidas políticas, Trump dijo que contaba con el respaldo de sus abogados y que estaba dispuesto a llevar el asunto a los tribunales.

La entrevista expuso una vez más la voluntad de Trump de poner a prueba los límites institucionales, afirmando que actúa dentro de la ley mientras impulsa interpretaciones que amplían sus poderes ejecutivos. Sus declaraciones refuerzan el choque entre el deseo de implementar rápidamente su agenda política y los mecanismos legales creados para garantizar los derechos fundamentales.