La Corte Suprema de los Estados Unidos se denegó recientemente a restablecer la política del gobierno Biden que impone límites a prisiones de inmigrantes, después que un juez de distrito de Texas decidiera que aquella orientación a los oficiales de deportación viola las leyes federales. Fue decidido que “el caso será estabelecido para discusión la primera semana de la sesión de argumentos el diciembre de 2022” y así, el gobierno no podrá aplicar su estrategía hasta el fin del año.

La votación fue de 5 a 4. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett e Ketanji Brown Jackson indicaron que habían concedido la petición del gobierno para suspender la decisión del juzgado de primera instancia y permitir que el gobierno avance con su política al decidir los méritos del caso. Fue el primer voto registrado de Jackson desde que ella se juntó al tribunal el 30 de julio. El presidente de la Corte John G. Roberts Jr. y los jueces Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch e Brett M. Kavanaugh, rechazaron a la petición del gobierno, entonces fue la primera vez que una votación de 5 a 4 en el tribunal también señaló una división de género”, según el Texas Tribune.

El gobierno Biden protestó que era injusto permitir que un único juez de distrito molestara a las prioridades de inmigracion del poder ejecutivo en nivel nacional. En septiembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) instruyó a los oficiales de Inmigración y Aduanera de los EUA a priorizar la detención de recién llegados y inmigrantes que representan una amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública, y que no deberían intentar a deter ancianos, trabajadores rurales y “otras personas vulnerables a deportación bajo el gobierno de Trump, que permitió que los agentes arrestasen a cualquier persona en los Estados unidos ilegalmente”, según el The Post.

En ese contexto, las nuevas directrices fueron emitidas por el Secretario de Seguridad interna, Alejandro Myorkas, diciendo que el hecho de alguien ser un imigrante indocumentado “no debe ser la base” de una decision de deter a el y deportar de los estados unidos. 

Sin embargo, Fiscales Generales republicanos de todo el país empezaron con acciones y los pedidos de Texas y Louisiana fueron bien sucedidos. 

“El juez Drew Tipton, en Texas, concordó con el argumento de que la política los cargaba con los costos de educación, salud y otros servicios de los inmigrantes, y ignoró a leyes federales que requieren que el ICE [inmigracion y Aduana de los EUA] tenga y deporte a inmigrantes que cometieron crímenes graves o recibieron una recente onda de deportación. [...]el caso de Texas está entre una serie de acciones judiciales que buscan derribar las políticas de inmigracion de Biden, que él ha categorizado como un abordaje más humano a la aplicación”, tal como ha publicado el Texas Tribune.

El Tribunal de Apelaciones del 6° circuito de los EUA decidió por el gobierno Biden cuando consideró un caso casi idéntico presentado por Arizona, Montana y Ohio, ya que el de lo 5° Circuito informó estar “inclinado a estar de acuerdo” con Tipton y rechazó la petición del gobierno Biden con la eliminación y prioridades de aplicaciones de ICE.  

Las deportaciones y prisiones de ICE fueron los niveles más bajos de la historia de la agencia en el año fiscal pasado. Oficiales que trabajan en el interior de los Estados Unidos hicieron cerca de 74.000 prisiones administrativas, una disminución de 104.000 el año anterior y una media de 148.000 anualmente de 2017 a 2019” apuntó el Texas Tribune.

“En un comunicado el viernes, el Departamento de Seguridad interna dije que, mientras aguarda una decisión final del supremo tribunal, los oficiales de Inmigración y Aduana ‘tomarán decisiones de ejecución caso a caso de manera profesional y responsable, informados por su experiencia como agentes de la ley y de la manera que mejor protege contra las mayores amenazas a la patria’”, según publicación de  la Associated Press.