La reciente suspensión de una orden judicial relacionada con la barrera flotante en el Río Grande, Texas, por parte del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos añade un capítulo más a una disputa en curso entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y la administración Biden. El fallo judicial permitió a Abbott mantener la barrera de 1.000 pies en su lugar, al menos temporalmente, en un intento de frenar los cruces de inmigrantes ilegales. La orden inicial para trasladar la barrera desde la vía fluvial principal hasta la orilla del Río Grande, emitida por el juez de distrito estadounidense David Ezra, había sido otorgada por el Departamento de Justicia, que solicitó una orden judicial mientras el caso estaba en litigio, según el artículo de NBC News.

Esta disputa plantea cuestiones complejas en torno a la autoridad del gobernador de Texas para tomar medidas diseñadas para frenar los cruces ilegales en la frontera sur, así como cuestiones legales relacionadas con la Ley de Apropiación de Ríos y Puertos de 1899. Los abogados de Texas argumentan que las boyas se implementaron bajo la autoridad constitucional del gobernador como medida legítima para proteger al estado de la invasión de cárteles criminales transnacionales. Dicen que mover las boyas aumentaría los peligros para los migrantes y los residentes de Texas expuestos al tráfico de personas, el contrabando de drogas y la violencia de los cárteles.

Por otro lado, el Departamento de Justicia afirma que bloquear temporalmente el fallo del tribunal inferior perjudicaría la capacidad de Texas para cumplir el plazo fijado por el tribunal de distrito. La disputa plantea la cuestión de la jurisdicción sobre el tramo no navegable del río donde se encuentra la barrera, y Texas argumenta que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército no tiene autoridad sobre esa zona.

Esta batalla legal refleja las tensiones políticas y legales que rodean la inmigración y la seguridad fronteriza en Estados Unidos. Si bien el gobernador Abbott promete llevar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, la controversia sobre la barrera flotante en el Río Grande sigue siendo un punto de conflicto entre el gobierno de Texas y la administración federal.