En la última semana de diciembre, aproximadamente 10.000 personas salieron de Tapachula, en la frontera entre México y Guatemala, con el objetivo de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. La caravana está compuesta por aproximadamente 14.000 personas, destacándose por la diversidad de nacionalidades presentes, como Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Irán, Pakistán, India, Siria, China, Bangladesh y varios países africanos, según la publicación de Radio Francia Internacional (RFI). Este contingente se suma al medio millón de migrantes que se contabilizaron rumbo a Estados Unidos en 2023, el doble que el año anterior.

La decisión de realizar el cruce se produjo luego de meses de extrema pobreza en Tapachula, donde muchos migrantes no recibieron asistencia del “Instituto Nacional de Migración”. En su demanda de mejores condiciones de vida, el grupo decidió caminar. Además, la suspensión de autorizaciones para viajar por México, llevada a cabo por el “Instituto Nacional de Migración” mexicano en septiembre del año pasado, contribuyó a una situación humanitaria caótica. También según información recabada por RFI, el Estado mexicano dejó a los migrantes a merced del crimen organizado, obligándolos a buscar ayuda de coyotes y traficantes de personas, lo que pone especialmente en riesgo a mujeres y niños.

El progresivo aumento de migrantes en los últimos meses de 2023 fue reconocido por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Según la policía fronteriza estadounidense, más de 10.000 personas intentan cada día cruzar la fronterahacia Estados Unidos. El creciente número de personas que buscan abandonar sus territorios de origen en un contexto más amplio de crisis observado en los países latinoamericanos contemporáneos, refleja la complejidad de los desafíos que rodean el tema de la migración. Las personas que migran buscan mejores condiciones de vida en medio no sólo de políticas migratorias cada vez más restrictivas, sino también de condiciones muy adversas.

En este escenario de crecientes flujos migratorios y necesidad de imponer políticas cada vez más restrictivas en la frontera, se llevó a cabo una visita de altos funcionarios de la Casa Blanca a México, encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el secretario del Departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall. La delegación buscó discutir con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y autoridades migratorias, una solución conjunta para enfrentar este desafío. Otros temas como la cooperación económica y la seguridad también estuvieron en la agenda del debate, sugiriendo la construcción de una políticade buena vecindad entre países.

Agentes federales informaron, según RFI, que aproximadamente 2,5 millones de personas fueron detenidas intentando cruzar la frontera el año pasado. La visita se produjo simultáneamente con la llegada de una caravana de alrededor de seis mil personas, provenientes de la frontera con Guatemala, hacia la frontera con Estados Unidos. El presidente Joe Biden y López Obrador ya discutieron el tema migratorio en una reciente llamada telefónica, coincidiendo en que serían necesarias acciones urgentes de aplicación de la ley para reabrir los principales puntos de entrada en la frontera común que fueron cerrados debido al aumento del flujo de migrantes. Pronto, a principios de enero, la administración Biden anunció la reapertura de los puertos de entrada en la frontera sur de Estados Unidos, reanudando operaciones en cuatro puertos de entrada ubicados en Eagle Pass, Texas; San Ysidro, California; Lukeville, Arizona; y Nogales, Arizona, según NBC News.

La decisión de cerrar estos puertos de entrada en diciembre se tomó debido a la decisión de redirigir recursos para hacer frente al considerable aumento de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. También según NBC, durante el mes de diciembre de 2023, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza encontraron a más de 300.000 migrantes en la frontera sur, estableciendo un récord. Por otro lado, México suspendió un programa de repatriación y traslado de migrantes por falta de fondos, pero López Obrador expresó su disposición a colaborar con Estados Unidos, solicitando, no obstante, que la administración Biden alivie las sanciones a Cuba y Venezuela, países de origen de muchos inmigrantes.

En el escenario político de disputas que precede a las elecciones, los republicanos de la Cámara de Representantes condicionaron su apoyo al establecimiento de políticas más estrictas, conjuntas y coordinadas en la frontera sur, a un pedido de 105 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania e Israel. La Casa Blanca ha manifestado su voluntad de negociar, lo que podría implicar un cambio significativo en la política de asilo de Estados Unidos a finales de este mes.

Aún en el contexto de negociaciones y disputas sobre temas de la crisis migratoria, el estado de Texas aprobó una ley estatal (que entrará en vigor el 5 de marzo) que transforma el cruce ilegal en un delito estatal, otorgando a la policía autoridad para arrestar a inmigrantes indocumentados en cualquier lugar del estado. A cambio, el Departamento de Justicia de EE.UU. demandó al estado pidiendo al tribunal que declare inconstitucional la ley e impida que Texas la implemente, según un artículo publicado por el Texas Tribune. La demanda fue presentada en un tribunal federal de Austin y nombra al gobernador Greg Abbott y al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw.

En el ámbito de la cooperación económica y que involucra no sólo intercambios comerciales, sino también intereses políticos estratégicos -uno de los temas tratados en la reunión de líderes entre México y Estados Unidos-, avanza el proceso de aprobación de proyectos de puentes internacionales en el sur de Texas, con el objetivo de impulsar el comercio entre los dos países, que se está acelerando después de un cambio de política sancionado por el presidente Joe Biden. Liderados por el senador Ted Cruz, republicano de Texas, y el representante Henry Cuellar, demócrata de Laredo, un grupo bipartidista de legisladores de Texas impulsó una enmienda que fija un plazo máximo de 120 días para que el presidente decida si aprueba una licencia para tales proyectos. Anteriormente, el proceso implicaba una revisión ambiental, que podía tardar años, antes de que se tomara una decisión presidencial, como informó el Texas Tribune. El cambio de política se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional promulgada por Biden tres días antes de Navidad. Cruz y Cuellar elogiaron la enmienda como una “tremenda victoria bipartidista para Texas”. Los funcionarios mexicanos y Glenn Hamer, director de la Asociación Empresarial de Texas, también apoyaron la medida, calificándola como el “esfuerzo más significativo para aumentar el comercio desde la aprobación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá en 2020”. Esta disposición se aplica a al menos tres puentes internacionales en los condados de Webb, Cameron y Maverick que solicitaron permisos entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024.

“La nueva ley también llega en un momento estratégico, ya que Cruz busca la reelección y destaca los logros bipartidistas en su plataforma. En el condado de Maverick, la medida beneficia al proyecto del Puente Comercial Global Puerto Verde en Eagle Pass, prometiendo reducir los tiempos de espera y reforzar la seguridad. El desarrollador del proyecto elogió la nueva política calificándola de "enorme" y espera una decisión sobre los permisos para la primavera", según el Texas Tribune.

Cosiendo iniciativas internas antiinmigración en los estados en medio de las disputas políticas y la crisis migratoria en el país, destacan algunos puntos de inflexión en la administración Biden, que ha sido duramente criticada en varios puntos con el consiguiente desfase en el apoyo del electorado estadounidense en los últimos años. El jueves (5), el gobierno estadounidense anunció que reanudará la deportación de inmigrantes venezolanos indocumentados y reconstruirá el murofronterizo, el mismo propuesto por el expresidente Donald Trump. Los fondos que se utilizarán en la obra serán los mismos que aprobó el gobierno anterior. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó la decisión como un “revés” y dijo que es “necesario combatir las causas de la migración ilegal y el muro no soluciona el problema”. En este contexto, López ya había pedido a los legisladores estadounidenses invertir más para ayudar a los pobres de América Latina y el Caribe "en lugar de poner barreras, alambradas de púas en el río o pensar en construir muros".

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), destacó que no se trata de un cambio del presidente Joe Biden en relación al muro fronterizo que prometió no construir en su campaña electoral. Según el presidente estadounidense, las obras se reanudarán porque los recursos asignados a ellas en los años anteriores a su mandato, que suman alrededor de 190 millones de dólares (casi mil millones de reales), no fueron gastados y no pueden reasignarse a otros programas. Biden afirmó que intentó transferir los recursos, sin éxito. Sin embargo, Donald Trump cuestionó la legitimidad de las promesas de campaña de Biden al declarar en las redes sociales que “esperará” las disculpas de Biden por lo que ha dicho hasta la fecha sobre el muro.

En esta coyuntura política crítica para los demócratas, Mayorkas enfrentó una segunda semana de enero tumultuosa en el Congreso, con los republicanos de la Cámara iniciando esfuerzos de juicio político contra él y simultáneamente entablando intensas negociaciones con los senadores sobre un paquete fronterizo. Según un artículo publicado por The Hill Mayorkas es el blanco de la ira del Partido Republicano, que lo acusa de estar ignorando intencionalmente la ley y permitiendo la entrada de inmigrantes y drogas al país. Los republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron un proceso de impeachment contra el secretario y se programó una audiencia del Comité de Seguridad Nacional para los días siguientes. La audiencia, titulada “Devastación en el corazón: cómo el liderazgo fallido del secretario Mayorkas impactó a los Estados Unidos”, es la primera de una serie sobre el proceso de juicio político.

El DHS publicó un memorando antes de la audiencia calificando el juicio político como un “ataque político infundado y sin sentido”. El departamento enfatizó que Mayorkas está trabajando incansablemente para resolver los problemas en la frontera, colaborando con senadores de ambos partidos para buscar soluciones reales. La posible votación sobre el impeachment en el Senado sigue siendo incierta, y algunos miembros republicanos están preocupados por el impacto negativo que podría tener en otras cuestiones legislativas, como el paquete de financiación del gobierno y la ayuda a Ucrania, según The Hill.

En medio de este escenario, los demócratas y el DHS adoptan una postura más ofensiva, caracterizando el proceso de impeachment como dañino e infundado. Mayorkas, por su parte, afirma seguir involucrado en las negociaciones y los esfuerzos para abordar los problemas en la frontera.

Es claro que la crisis migratoria en Estados Unidos involucra problemas que generan otras nuevas disputas y desafíos. El gran flujo de personas a través de las fronteras ha golpeado a otras partes del país con nuevas crisis más allá de la frontera con México, especialmente en los momentos previos a las elecciones primarias. Un tema ya abordado por el Latino Observatory es la política de autobuses de los gobernadores republicanos que trazan el destino de cientos de inmigrantes que llegan al país, muchos de ellos con niños y con dificultades para encontrar trabajo. Los líderes de las grandes ciudades, muchos demócratas como el alcalde Eric Adams, acaban criticando al gobierno federal y pidiendo más ayuda para afrontar este momento. A principios de enero, como informa el artículo del Texas Tribune, la ciudad de New York ha presentado una demanda contra 17 empresas de autobuses y transporte que fueron contratadas por el estado de Texas para transportar a miles de inmigrantes a Nueva York como parte de las políticas de inmigración del gobernador Greg Abbott. La ciudad pide 708 millones de dólares por daños y perjuicios, alegando que esa es la cantidad que gastó en viviendas para inmigrantes. La demanda fue presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Eric Adams argumentó que la ciudad está dispuesta a abordar la crisis humanitaria pero no puede soportar los costos resultantes de las imprudentes maniobras políticas de Texas. Acusó al gobernador Abbott de utilizar a los inmigrantes como “peones políticos, poniendo la política por encima de las personas”. La demanda destaca que las empresas están violando la ley estatal al transportar inmigrantes a Nueva York con la intención de trasladar los costos de la atención a la ciudad. “La demanda alega que las compañías están actuando de mala fe, recibiendo más dinero por sus servicios que el costo de un boleto sencillo de Texas a Nueva York en un autobús regular. Los informes públicos indican que las empresas reciben alrededor de 1.650 dólares por persona en autobuses chárter, en comparación con 291 dólares por un billete de ida”, informó además la publicación. Desde abril de 2022, el gobernador Abbott ha ordenado a la División de Manejo de Emergencias de Texas que envíe migrantes a ciudades lideradas por demócratas que describe como “ciudades santuario para inmigrantes indocumentados”. Hasta diciembre, más de 82.000 personas han sido trasladadas en autobús a varias ciudades de Estados Unidos, incluidas Washington DC, Nueva York, Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles.

La falta de una solución a la crisis migratoria significa que este tema monopoliza el debate político, especialmente en vista de las elecciones de 2024, junto con el índice de aprobación en descenso del presidente Joe Biden. La actual crisis funcional del sistema político estadounidense es incapaz de ofrecer una solución a mediano y largo plazo. Los conflictos partidistas, unidos a la incapacidad de coordinación interna y entre países fronterizos en la situación actual, hacen aún más difícil encontrar soluciones no sólo a los problemas que originan los flujos migratorios, sino también a la adecuada acogida de este contingente de personas que buscan mejores condiciones de vida.