Un análisis del Cato Institute reveló un panorama complejo de la efectividad y las contradicciones de las políticas de inmigración implementadas por Donald Trump durante su mandato, cuestionando si estas políticas realmente proporcionaron una mayor seguridad pública, como él afirma.

Trump ha construido gran parte de su discurso político en torno a la promesa de “seguridad” con la propuesta de controles estrictos a la inmigración y la deportación masiva de no ciudadanos, muchos de los cuales tienen antecedentes penales. Sin embargo, los datos proporcionados por el Cato Institute, obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, indican que estas políticas han tenido impactos negativos no deseados, incluido el aumento de las entradas ilegales de criminales y la liberación de personas con condenas graves.

En primer lugar, la promesa de seguridad pública derivada de las deportaciones masivas se contradice con estudios que muestran que los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, tienden a cometer menos delitos que los ciudadanos nativos. Los datos revelan que la deportación masiva, además de costosa, es contraproducente, ya que saca del país a personas que, estadísticamente, tienen menos probabilidades de cometer delitos, debilitando la seguridad de varias comunidades. Investigaciones y estudios del propio Cato Institute indican que la presencia de inmigrantes en las comunidades se asocia con menores tasas de delitos violentos, como homicidios, y menores tasas de problemas relacionados con las drogas. En cambio, una política que dé prioridad a los delincuentes altamente peligrosos traería mayores beneficios a la seguridad pública.

En segundo lugar, la administración Trump, según el informe, no se centró en deportar a los delincuentes condenados. En los primeros días de su administración, Trump derogó las directrices de la era Obama que ordenaban a las fuerzas del orden priorizar el arresto y la deportación de inmigrantes que representaban amenazas a la seguridad pública. Este cambio resultó en que se utilizaran recursos para detener a solicitantes de asilo y separar familias, reduciendo significativamente la prioridad otorgada a inmigrantes con antecedentes penales graves. Durante el apogeo de la separación familiar, Trump cambió el enfoque de la deportación de criminales a la detención de inmigrantes con problemas administrativos como visas vencidas, dejando a miles de criminales graves libres en el país.

En un ejemplo específico, los datos muestran que durante la administración Trump, casi 58.184 no ciudadanos con antecedentes penales fueron liberados, incluidos 8.620 delincuentes violentos y 306 asesinos. La agencia de inmigración, ICE, ha informado de un aumento en los casos de no ciudadanos con reincidencia debido a fallas en el proceso de aplicación de la ley.

Otro punto destacado en el análisis es el efecto de las políticas de deportación masiva sobre la eficacia del propio control fronterizo. La falta de priorización de los delincuentes graves provocó una serie de fallas en el sistema que alentaron la entrada de delincuentes reincidentes. Las políticas de Trump han facilitado que los delincuentes regresen al país después de intentos fallidos de entrada, y los datos de la FOIA muestran que los cruces ilegales de delincuentes convictos se triplicaron durante su mandato. El Departamento de Justicia ha advertido que una represión excesiva contra los solicitantes de asilo ha permitido que más criminales escapen a la detección. Estas acciones culminaron en un aumento récord de evasiones fronterizas en 2020.

Finalmente, el informe compara el desempeño de Trump con el de Biden, señalando que la administración actual ha puesto más énfasis en el arresto y deportación de delincuentes graves, incluidos los delincuentes convictos. Para 2024, el promedio mensual de expulsiones de delincuentes por parte de ICE fue superior al récord de Trump en diciembre de 2020. Mientras Trump perseguía deportaciones masivas, Biden se centró en expulsiones selectivas de delincuentes graves, un enfoque considerado más eficaz para la seguridad pública.

El documento concluye que, al centrarse en la deportación indiscriminada de inmigrantes, Trump despriorizó la seguridad real en favor de una retórica de control absoluto. Una política de inmigración que dé prioridad a los criminales graves y al mismo tiempo mantenga a los inmigrantes pacíficos traería mayores beneficios a la sociedad. Además, el informe sugiere que expandir la inmigración legal puede ayudar a la seguridad fronteriza al permitir que se asignen recursos para capturar y procesar a criminales graves, al tiempo que se da la bienvenida a inmigrantes que contribuyen a la economía y la seguridad de las comunidades.