Las propuestas y estrategias de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, para implementar una estricta política migratoria, prometiendo la mayor operación de deportación en la historia del país, han sido ampliamente analizadas en términos de posibilidades y limitaciones. Se sabe que planea deportar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, declarando una emergencia nacional y movilizando recursos militares para lograr este objetivo. Además, pretende ampliar la prohibición de viajar a países de mayoría musulmana, una medida que ya se consideraba controvertida en su primer mandato. Para garantizar la ejecución de su agenda, Trump nombró a figuras de línea dura, como Tom Homan y Stephen Miller, para puestos estratégicos, reforzando el carácter extremo de las propuestas.

Por otro lado, los líderes demócratas y los defensores de la inmigración están organizando una respuesta sólida. Los fiscales generales de estados como California y Washington se están preparando para impugnar legalmente las medidas de Trump, aprovechando un historial de éxito durante el primer mandato del expresidente. La expectativa, sin embargo, es que la administración Trump, esta vez, esté mejor preparada y decidida. Organizaciones como la ACLU (American Civil Liberties Union) también se están movilizando para presentar desafíos legales inmediatos, especialmente ante la posibilidad de que Trump utilice legislación antigua, como  Alien and Sedition Acts de 1798, para acelerar las deportaciones sin garantías legales.

A nivel social, la elección de Trump creó un sentido de urgencia entre los migrantes y las redes de contrabandistas, que promueven una rápida entrada a Estados Unidos antes de la toma de posesión presidencial. Esta carrera contra el tiempo intensifica los riesgos de cruces peligrosos, fortaleciendo las redes de tráfico de personas y generando ganancias que ya rivalizan con el tráfico de drogas. Se estima que el tráfico de personas genera entre 4 y 12 mil millones de dólares anuales, lo que lo convierte en una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado en América Latina.

La situación legal también es crítica, considerando la actual composición conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos, moldeada por los nombramientos de Trump durante su primer mandato. Los expertos advierten que las próximas acciones podrían desafiar los derechos fundamentales, requiriendo respuestas coordinadas de las organizaciones que defienden a los inmigrantes. Al mismo tiempo, los impactos de las políticas prometidas ya se están sintiendo en la frontera, exacerbando las crisis humanitarias y fomentando nuevas oleadas de migración en condiciones precarias, según la publicación.