La Corte Suprema de EE. UU. escuchó argumentos el 29 de noviembre sobre si la administración de Biden tiene derecho a decidir qué agentes federales inmigrantes indocumentados deben priorizar para la deportación.

Este es el caso de Texas v. Biden, que llegó a la Corte Suprema, después de que Texas y Luisiana demandaron a la administración de Biden, en abril de 2021, por cambiar las prioridades de aplicación de la ley de inmigración después de que Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, emitiera un memorando instruyendo a los agentes de inmigración a deportar sólo a los indocumentados condenados por delitos o que representen un riesgo para la seguridad pública.

Según el Texas Tribune, “el jefe de la corte, John Roberts, dijo que si el Congreso ya aprobó una ley que dice que el gobierno federal debe deportar a cualquier inmigrante que haya sido condenado por un delito grave y se ordene su deportación, el trabajo de la corte es confirmar esta interpretación. El gobierno federal ha argumentado que no tiene los recursos para deportar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados del país. Texas, que demandó a la administración de Biden y hasta ahora ha logrado bloquear su política, ha argumentado que, según la ley federal de inmigración, el gobierno tiene el deber de deportar a todoslos inmigrantes indocumentados”.

Los estados argumentaron que el memorando de Mayorkas era ilegal, y el juez federal de distrito Drew Tipton, designado por el expresidente Donald Trump a Corpus Christi, falló a favor de los estados el año pasado.

“Durante la administración de Obama, que emitió una guía similar para los funcionarios de inmigración, las pautas prioritarias eran necesarias porque el Congreso asignó suficiente dinero para que el Immigration and Customs Enforcement deportara a aproximadamente 400,000 inmigrantes indocumentados al año, según un memorando de 2014 del Departamento de Justicia de EE. UU. El memorando de Mayorkas decía que el Congreso aún tiene que asignar suficiente dinero para apuntar a todos los inmigrantes indocumentados en el país”, según la misma publicación.

En argumentos orales en la sesión del 29 de noviembre ante la Corte Suprema, los estados argumentaron que el gobierno federal está aplicando selectivamente la ley de inmigración y que, debido a que algunos inmigrantes indocumentados no están siendo deportados, los estados están incurriendo en costos de encarcelamiento, educación y salud.

Elizabeth B. Prelogar, procuradora general del Departamento de Justicia, argumentó que el gobierno federal no ha dejado de hacer cumplir la ley de inmigración, sino que está utilizando sus recursos de manera eficiente.

“No se trata de reducir la aplicación de las leyes de inmigración. Se trata de priorizar los recursos limitados para, por ejemplo, enjuiciar a la Persona A sobre la Persona B, y no hay razón para concluir que esto en realidad conducirá a una menor aplicación de la ley contra las personas en general”, dijo.

“Los jueces liberales, que son una minoría en la corte, parecieron descartar los argumentos de Texas y dijeron que el gobierno federal supervisa la aplicación de la ley de inmigración y puede determinar la mejor manera de utilizar sus recursos para arrestar y deportar inmigrantes”, señaló el Texas Tribune.

Se espera una decisión sobre el caso antes de junio de 2023.