El proyecto de ley, SB1718, propuesto por el senador estatal de Florida, Blaise Ingoglia de Spring Hill, provocó una reacción violenta entre los latinos evangélicos y otros grupos religiosos que realizan acogida y trabajo pastoral de los inmigrantes.

La ley incluye una disposición que convierte en delito grave de tercer grado que cualquier persona “transporte hacia o dentro de este estado a una persona que sabe, o debería haber sabido razonablemente, que ingresó a los Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionada por el Gobierno Federal desde su ingreso ilegal”, según NBC News.

Según la publicación, la legislación es parte de una ofensiva contra los inmigrantes por parte del gobernador Ron DeSantis y los republicanos en el estado. Gabriel Salguero, pastor de The Gathering Place, una congregación de las Asambleas de Dios en Orlando, y fundador de la Coalición Evangélica Nacional Latina, le dijo a NBC que el proyecto de ley “criminalizará el trabajo de la iglesia. [...] Tenemos escuelas, tenemos escuela dominical, tenemos camionetas de iglesias que los llevan al culto, tenemos cafeterías donde a veces llevamos a personas sin documentos porque necesitan comida. A veces los llevamos al abogado”.

La legislación fue votada en el Comité de Reglas del Senado de Florida a mediados de marzo en una votación partidista de 15-5.

“Dos senadoras republicanas latinas en el comité, la senadora Ileana García de Miami y la senadora Ana María Rodríguez de Doral, apoyaron el proyecto de ley. Un demócrata latino, el senador Víctor Torres de Kissimmee, votó en contra. La medida espera una votación en el pleno del Senado y está avanzando en la Cámara”, según NBC.

Las republicanas Ileana García y Ana María Rodríguez enfatizaron el problema de la trata de personas en sus comunicados de prensa y afirmaron que el proyecto de ley ayudaría a abordar el problema. Ambas usaron la misma lista con viñetas para resaltar las disposiciones del proyecto de ley. Pero tampoco incluía la provisión de transporte que atrajo la oposición de grupos religiosos.

Muchos servicios sociales no están disponibles para personas sin estatus legal, aunque los niños pueden asistir a escuelas públicas y algunas clínicas ofrecen atención médica independientemente de su ciudadanía o estatus legal. Independientemente de la entrada ilegal de latinos al país, se estima que el 42% o más de los inmigrantes en el país que son ilegales, entraron con una visa legal y se quedaron más allá de la fecha de vencimiento.

“Matthew Soerens, vicepresidente de política y defensa de World Relief, una organización humanitaria cristiana, dijo que los pastores conocen a sus fieles lo suficientemente bien como para saber quién pudo haber cruzado las fronteras ilegalmente. Si un trabajador de la iglesia lleva a la persona, podría significar hasta cinco años de prisión y hasta 15 años si el trabajador de la iglesia lleva a un menor a una reunión de un grupo de jóvenes”, señaló NBC.

La columnista del Miami Herald Fabiola Santiago ha criticado la legislación reciente y el apoyo de algunos republicanos latinos. Santiago era una refugiada cubana que llegó de niño a Estados Unidos a bordo de los “Freedom Flights”. Llamó al proyecto de ley "una bofetada en la cara de nuestras familias inmigrantes y los nativos americanos, que han dado la bienvenida a los inmigrantes en sus vidas".