En Estados Unidos hay una gran reacción de los inmigrantes indocumentados, particularmente los de origen mexicano, en relación a la reciente decisión de la administración Biden de otorgar permisos de trabajo a los venezolanos recién llegados.

Según una publicación de NBC, Consuelo Martínez, una inmigrante mexicana que ha vivido en el Estados Unidos durante 27 años sin permiso, es un ejemplo. Expresó tristeza al saber que a los venezolanos se les había permitido trabajar, mientras ella llevaba décadas esperando una oportunidad similar.

El informe destaca una manifestación en Washington, D.C., en la que cientos de inmigrantes, empleadores y defensores pidieron al presidente Joe Biden que use sus poderes ejecutivos para otorgar permisos de trabajo a inmigrantes sin estatus legal que han vivido durante mucho tiempo en Estados Unidos. La falta de legislación de inmigración en el Congreso y los desafíos legales a lo largo de décadas se han citado como obstáculos para ampliar las autorizaciones de trabajo.

El presidente Biden extendió el estatus de protección temporal a los venezolanos, permitiéndoles trabajar, pero esta medida no se aplica a los inmigrantes indocumentados de larga duración. El informe destaca que aunque Biden ha otorgado permisos de trabajo a grupos específicos, como venezolanos, cubanos y ucranianos, persiste la pregunta sobre cómo abordar los 11,2 millones de inmigrantes indocumentados estimados en Estados Unidos.

“Aproximadamente 11,2 millones de personas vivían en Estados Unidos sin permiso legal en 2021, habían entrado al país sin permiso o permanecieron después de que expiraran las visas, dijo el Migration Policy Institute, un think tank no partidista. La mayoría son adultos. Aunque hubo un ligero aumento en comparación con 2019, la población indocumentada osciló en alrededor de 11 millones en 15 años, afirmó. De ellos, el 63% había estado en Estados Unidos durante una década o más, el 43% durante 15 años o más y alrededor del 22% durante 20 años o más”.

Muzaffar Chishti, investigador principal del Migration Policy Institute, señala los desafíos legales para extender el Estatus de Protección Temporal a todos los inmigrantes, enfatizando que el presidente no puede otorgar autorización sin una autoridad subyacente. Los grupos empresariales argumentan que la escasez de mano de obra en Estados Unidos podría justificar la ampliación de los permisos de trabajo a inmigrantes sin estatus legal.

NBC News también menciona propuestas para otorgar autorizaciones de trabajo a través de programas como DACA, pero señala que desafíos legales también rodean estas iniciativas. La marcha y la campaña “Here to work” (“Aquí a trabajar”) buscan crear conciencia sobre la situación de los inmigrantes indocumentados de larga duración, destacando el aporte que hacen a la sociedad.

Algunos miembros del Congreso están presionando a la administración para que obtenga permisos de trabajo, destacando el deseo de los inmigrantes de trabajar sin temor a ser deportados. El representante Jesús “Chuy” García, demócrata de Illinois, enfatiza la importancia de garantizar que las personas puedan trabajar en paz, libres del temor a ser detenidas o deportadas.

Sin embargo, como señala el artículo, “el Congreso se ha dividido cada vez más en torno a la inmigración y ha permitido el crecimiento de la fuerza laboral indocumentada, frustrada por las diferencias grupales e incapaz de reconciliarse con la dinámica siempre cambiante de la inmigración. [...] en las últimas dos décadas, el número de personas que llegan a la frontera ha aumentado, y llegan más personas de países distintos de México que en el pasado”.