El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor anunciaron a finales de diciembre la apertura de su primer caso de préstamos hipotecarios abusivos emprendido por el promotor Colony Ridge, el mayor promotor del condado de Liberty, situado al noreste de Houston, Texas. El desarrollador está acusado de atraer a decenas de miles de compradores hispanos/latinos a través de publicidad falsa principalmente en Tik Tok y viviendas deficientes como parte de un plan de tierras ilegales, según un artículo de NBCNews.

En la demanda se mencionan Colony Ridge Development LLC, Colony Ridge Land LLC, Colony Ridge BV y Loan Originator Services LLC. El director ejecutivo de Colony Ridge, John Harris, dijo en un comunicado que los desarrolladores fueron "tomados por sorpresa" por el proceso, según el artículo antes mencionado.

La demanda alega que la empresa prometía ser propietario de una vivienda a través de anuncios en español, pero posteriormente llevó a los compradores a comprar propiedades sin servicios básicos, a solicitar préstamos que a menudo eran incompatibles con sus capacidades financieras y a ser víctimas de tácticas de venta de altos precios, explotando el dominio limitado del inglés de los compradores.

El director ejecutivo de Colony Ridge, John Harris, desestimó las acusaciones y calificó la demanda de “infundada e indignante”. Afirmó que el negocio prospera gracias a la satisfacción del cliente y señaló que la empresa otorga préstamos a personas que no tienen acceso a préstamos de otras instituciones financieras.

“Los investigadores federales descubrieron que Colony Ridge fue responsable del 92 % de las ejecuciones hipotecarias en el condado de Liberty entre 2017 y 2022. Al observar los tres años anteriores a septiembre de 2022, los investigadores encontraron que el desarrollador había iniciado ejecuciones hipotecarias en al menos el 30 % de los lotes financiados por el vendedor. Durante el proceso de ejecución hipotecaria, Colony Ridge compraría la propiedad por el precio del préstamo pendiente, y con las mejoras que el cliente ya había pagado y completado”, informó una publicación del Texas Tribune.

Aún así, según el artículo, en total, "miles de latinos fueron víctimas del plan", alegó el gobierno, y Colony Ridge violó cuatro leyes federales relacionadas con la vivienda justa, las oportunidades de crédito y la protección del consumidor con las prácticas de Colony Ridge, compensación para los consumidores perjudicados y sanciones contra el desarrollador por violaciones de las leyes federales. Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa si había un componente criminal, la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke solo dijo que la acción del miércoles era una acción civil.

El caso también plantea interrogantes sobre las prácticas de ejecución hipotecaria, con la acusación de que Colony Ridge vuelve a comprar propiedades cuando las familias enfrentan dificultades financieras, y a menudo las revende a precios más altos.

Además, según el artícuo de Associated Press, la acción del Departamento de Justicia tiene como objetivo combatir la discriminación ilegal y está relacionada con el trabajo de la institución para combatir el redlining, una práctica que consiste en negar servicios financieros y de otro tipo a personas porque viven en ciertos vecindarios, generalmente con predominio de latinos, negros y personas de bajos ingresos.

El emprendimiento Colony Ridge desarrolló “un conjunto de subdivisiones que cubren alrededor de 33,000 acres de tierra a 30 millas al norte de Houston”, según el Texas Tribune, que también atrajo la atención nacional a fines de septiembre del año pasado, debido a acusaciones infundadas de que la ubicación era un imán para inmigrantes ilegales y controlado por cárteles, acusaciones que fueron refutadas por los residentes, las autoridades locales y el director general de la promotora.

Estas acusaciones fueron recopiladas e informadas por Greg Abbott como uno de los temas discutidos por los legisladores en la tercera sección especial para aprobar el proyecto de ley que permite al estado gastar hasta $40 millones para que la policía estatal patrulle Colony Ridge.

La Fiscal General Adjunta, Kristen Clarke, trató de tranquilizar a las personas que compraron casas en Colony Ridge, según NBC News: “Sé que son personas trabajadoras que esperan lograr el sueño americano de ser propietarios de una vivienda. Con esta acción buscamos compensar a quienes sufrieron pérdidas por estas prácticas predatorias”.