Un artículo reciente publicado por el Migration Policy Institute (MPI), un grupo de expertos independiente y no partidista sobre políticas de inmigración, analiza la compleja interacción entre las políticas de inmigración de Estados Unidos y la necesaria cooperación de los países vecinos, principalmente México, en la gestión efectiva de los flujos migratorios. El enfoque principal es entender que si bien Estados Unidos puede tener políticas internas estrictas en materia de inmigración, su efectividad depende en gran medida de la cooperación de otros países, especialmente México.

Los autores del artículo, Chishti y Putzel-Kavanaugh, resaltan la importancia de la cooperación mexicana en la gestión migratoria, desde la década de 2000, con programas como la Iniciativa Mérida y el Programa Frontera Sur, “para aumentar drásticamente la vigilancia en su frontera con Guatemala, crear puestos de control en todo el país, controlar el uso de las vias ferreas por parte de los inmigrantes (en particular las famosas líneas de La Bestia utilizadas a menudo por los centroamericanos) y aumentar su capacidad de deportación”. También analiza acuerdos, como los MPP (Protocolos de Protección a Migrantes), entre EE.UU. y México –en 2018 y 2019, debido al aumento de la migración no autorizada desde Centroamérica– que han tenido implicaciones significativas para la gestión migratoria, pero también enfrentaron críticas por temas de derechos humanos, especialmente cuando el programa fue interrumpido con más de 81 mil personas registradas, por no contar con el debido proceso y “por obligar a los migrantes a esperar en zonas muchas veces peligrosas del norte de México, sin acceso a necesidades básicas”.

Según el texto, “el gobierno mexicano combinó estos esfuerzos de aplicación de la ley con inversiones para fortalecer su sistema de asilo y crear oportunidades para una inmigración ordenada a través del trabajo y otros canales legales. Bajo el Programa Frontera Sur, México aumentó las detenciones de centroamericanos, ayudando en última instancia a los intereses estadounidenses, aunque los críticos también alegaron abusos a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas”.

Además, el artículo analiza los desafíos que enfrenta Estados Unidos para expulsar a los migrantes considerados no elegibles para permanecer en el país, debido a la necesidad de cooperación de los países de origen para aceptar a los retornados.

“El proceso de expulsión puede ser complicado o imposible si las relaciones entre Estados Unidos y el país de origen son frías o si ese país no tiene un gobierno que funcione o tiene recursos muy limitados. El gobierno de Estados Unidos se refiere formalmente a los países que rechazan o retrasan las expulsiones como "recalcitrantes", una designación aplicada a 13 países en 2020, incluidos China, Cuba, India y Rusia. Se consideró que otros 17 países –entre ellos Argelia, Etiopía, Israel y Yemen– estaban en riesgo de impago. Más recientemente, Estados Unidos negoció la cooperación de Venezuela para aceptar repatriados, pero el acuerdo colapsó en febrero, después de que Washington volviera a imponer sanciones en un contexto de incumplimiento por parte del régimen de Maduro de promesas electorales justas”. Para presionar a los países a aceptar retornos, el gobierno de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles y colocó a diplomáticos en listas de exclusión aérea.

Una parte importante del artículo explora los esfuerzos de cooperación regional emergentes, como las Oficinas de Movilidad Segura, destinadas a proporcionar vías legales para la migración y los refugiados, así como los desafíos que enfrentan estos esfuerzos:

“Uno de los primeros resultados de esta cooperación emergente es la creación de Oficinas de Movilidad Segura (SMO) en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala. El objetivo general de la SMO es acercar las vías de migración legal y la protección humanitaria a los orígenes de las personas, eliminando así la necesidad de que viajen de manera irregular a través del continente hasta la frontera con Estados Unidos. Aunque el gobierno de Estados Unidos es el principal defensor de la SMO, los gobiernos de Canadá y España también participan y ofrecen vías legales para algunos inmigrantes. Cada SMO es operada conjuntamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y atiende a poblaciones específicas”.

El artículo concluye destacando la necesidad de un enfoque colaborativo más amplio para la gestión de la migración, reconociendo que cambiar los patrones migratorios requiere estrategias de cooperación entre países. Ofreciendo un análisis detallado y crítico de la interconexión entre las políticas migratorias de Estados Unidos, la cooperación de los países vecinos y la complejidad y los desafíos que enfrenta la gestión de los flujos migratorios. Destaca además la importancia de un enfoque regional y cooperativo para abordar estos desafíos en constante evolución.

En un año de elecciones presidenciales tanto para Estados Unidos como para México, el futuro de esta cooperación entre los dos gobiernos y en toda la región es incierto y aún más importante.