Seis estados liderados por republicanos emprenderán acciones legales contra un programa federal presentado por el presidente Joe Biden que tiene como objetivo ofrecer un camino hacia la ciudadanía a inmigrantes sin estatus legal que solo están casados ​​con ciudadanos estadounidenses. El programa, lanzado en junio y que comenzó a registrarse recientemente, permite a estos cónyuges solicitar un “non-local parole”, autorización para permanecer en Estados Unidos, solicitar un green card y, eventualmente, la ciudadanía.

Una coalición de estados, encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, tomó medidas el viernes, argumentando que la administración Biden planeó que el Congreso creara un camino para los ciudadanos por razones políticas. Afirman que el programa fomenta la inmigración ilegal y perjudica a los Estados, lo que provoca costos adicionales, como salud, seguridad e impacto en el mercado laboral.

La demanda acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su secretario, Alejandro Mayorkas, de abusar de su poder en un intento de conceder la libertad condicional a cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Los estados también solicitarán la suspensión del programa mientras el proceso esté en curso.

La administración Biden, por su parte, defiende el programa, argumentando que está en línea con la ley y la visa para mantener unidas a las familias, permitiendo a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses vivir sin separación. La Casa Blanca criticó la acción legal como un intento de obligar a las familias a vivir en las sombras y como una forma de separación familiar, según Associated Press.

La organización FWD.us, que apoya el programa, dijo que la demanda tiene motivaciones políticas y tiene como objetivo separar familias. Otros defensores, como el Justice Action Center y Americans for Immigrant Justice, también condenan la acción como cruel y dañina para las familias de estatus mixto que contribuyen a sus comunidades en los Estados Unidos.

El programa, que podría beneficiar a medio millón de personas y a 50.000 de sus hijos, exige a los solicitantes vivir en Estados Unidos durante al menos 10 años, no representar a una compañía de seguros y pagar un impuesto de registro, entre otros requisitos. Una demanda en dos estados sostiene que los costos adicionales de inmigración serían ambiciosos y que el programa reduciría los salarios de los trabajadores locales.